La Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia revocó la decisión del Tribunal Superior de Cali que había rechazado una tutela y una recusación presentadas en un proceso penal, concediendo el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso y a un juicio imparcial. El fallo se originó en el hallazgo de un borrador de sentencia condenatoria elaborado con inteligencia artificial generativa por la jueza del juzgado que dirigía el juicio, antes de que se celebraran los alegatos finales programados para septiembre de 2025. Esta irregularidad evidenció un prejuzgamiento, ya que el documento contenía valoraciones probatorias detalladas, conclusiones sobre la responsabilidad del imputado y hasta recomendaciones procesales, todo insertado en el expediente digital.
El proceso penal se inició en enero de 2023 con la imputación por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos en grado de agravio, seguido de la acusación en abril de ese año. Las audiencias se extendieron entre 2023 y 2024, y se impuso una medida de aseguramiento domiciliaria al procesado. Inicialmente, recusaciones contra la jueza fueron declaradas infundadas por juzgados previos, pero la tutela fue negada en octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Cali. Ahora, la Corte Suprema ordena remitir el caso a otro juzgado en turno, sin anular el juicio practicado hasta el momento, debido al cierre anticipado del debate probatorio y el uso indebido de la IA en el análisis de pruebas.
Límites al uso de inteligencia artificial en la justicia
El borrador descubierto incluía la transliteración de testimonios, evaluaciones de credibilidad de testigos, determinaciones de relevancia jurídica de las pruebas y proyecciones de pena por hasta 18 años de prisión, todo generado por herramientas de IA. Esta práctica comprometió la imparcialidad objetiva de la juzgadora y la presunción de inocencia del acusado, al revelar un análisis prematuro y sesgado. La Corte Suprema establece un precedente clave al fijar límites claros: la inteligencia artificial solo puede usarse en actividades administrativas o auxiliares que no impliquen delegar funciones indelegables como la valoración de pruebas o la adopción de decisiones jurisdiccionales, siempre bajo estricta supervisión y control humano.
Este fallo, emanado desde la Corte Suprema de Justicia en Bogotá pero vinculado al Tribunal Superior de Cali, refuerza los estándares de transparencia y neutralidad en el sistema judicial colombiano, alertando sobre los riesgos de la automatización en procesos sensibles donde la equidad humana es irremplazable.
