El ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, anunció este 10 de febrero, a través de su cuenta en la red social X, la decisión preliminar de terminar los contratos vigentes de prestación de servicios de salud en más de cien centros de reclusión a nivel nacional, durante un operativo sorpresa realizado en estas instalaciones que albergan a más de cien mil personas privadas de la libertad. Esta medida surge tras el estudio de informes de las personerías municipales que revelan graves irregularidades en la contratación de los operadores de salud, realizados por fuera de las competencias del fondo fiduciario Fiduprevisora, así como múltiples incumplimientos en la prestación de los servicios, de los que se hace responsable directamente a este supervisor de contratos.
Idárraga, designado en el cargo con el objetivo específico de recuperar el control de las prisiones ante denuncias recurrentes de hacinamiento, mala alimentación y serios problemas de salud, verificó en persona las fallas sistemáticas durante el operativo, respaldado por un informe de la Red de Veedurías que cuestiona la aprobación de un modelo de operador único sin estudios técnicos previos ni plan de transición adecuado. El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad había avalado esta figura sin el respaldo documental necesario, lo que agrava la situación denunciada.
La orden presidencial ignorada
En sus declaraciones, el ministro enfatizó que esta decisión responde a una orden directa del presidente de la República que sus antecesores habían archivado, con el fin de garantizar que toda la población privada de la libertad esté protegida bajo el régimen subsidiado de salud.
«La orden del presidente de la República, que mis antecesores engavetaron, es garantizar que toda la población privada de la libertad esté protegida y dentro del régimen subsidiado de salud».
Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia
Idárraga detalló que la contratación de los actuales operadores se hizo de manera inconsulta con el alto gobierno y fuera de las atribuciones legales del fondo fiduciario, sumado a un elevado número de incumplimientos en la atención médica, responsabilidad exclusiva de Fiduprevisora.
«En nuestra consideración, y así se encuentra en estudio, la contratación de los actuales operadores de salud para los privados de la libertad se hizo por fuera de las competencias del fondo fiduciario y de manera inconsulta respecto al alto gobierno. Adicionalmente, he verificado un número importante de incumplimientos en la prestación de servicios de salud por parte de los operadores que atienden a las personas privadas de la libertad. Situación de la que es responsable la Fiduprevisora por ser el supervisor de estos contratos».
Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia
Para avanzar en el proceso, el ministro invitó públicamente a las personerías municipales a compartir sus informes sobre la garantía del derecho humano a la salud en prisiones, subrayando que la decisión preliminar se basa en sólidos argumentos fácticos y jurídicos.
«Invito a las personerías municipales a que compartan sus informes sobre la garantía del derecho humano a la salud de las personas privadas de la libertad. La decisión preliminar del Ministerio de Justicia es terminar los contratos de salud bajo todos los anteriores argumentos fácticos y jurídicos».
Andrés Idárraga, ministro (e) de Justicia
Si bien el impacto de esta investigación en la salud inmediata de los reclusos permanece desconocido, la medida plantea riesgos potenciales a los derechos fundamentales de esta población vulnerable. Idárraga regresará en las próximas semanas a sus funciones como secretario de Transparencia del Gobierno Petro, dejando un legado de acciones contundentes contra las irregularidades en el sistema carcelario colombiano.
