El gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para declarar una emergencia económica en Colombia, con el fin de asignar ocho billones de pesos destinados a atender los daños causados por la intensa temporada de lluvias e inundaciones que han afectado especialmente al departamento de Córdoba y otras regiones del país. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, se financiaría mediante un nuevo impuesto progresivo al patrimonio de las empresas, que gravaría con una tarifa del 0,6% a aquellas con patrimonios superiores a los 10.000 millones de pesos y del 1,2% para las que superen los 30.000 millones, todo ello a través de un decreto de emergencia económica.
La propuesta surge en un contexto de dificultades fiscales agravadas por el rechazo de la reforma tributaria en el Congreso y la suspensión provisional de varias medidas tributarias por parte de la Corte Constitucional, lo que ha limitado las opciones del gobierno para enfrentar déficits generados por crisis climáticas, mayores gastos en salud y seguridad pública, así como el impacto en infraestructuras y comunidades vulnerables por las inundaciones.
Críticas desde el sector empresarial y expertos
La iniciativa ha desatado fuertes críticas por parte de líderes empresariales y exfuncionarios, quienes cuestionan tanto la necesidad de los ocho billones de pesos como el impacto del nuevo impuesto en la economía. Se exploraron alternativas como ajustes en aranceles, impuestos a productos «saludables» y aportes del sector financiero, pero el gobierno optó por esta vía, que algunos ven como riesgosa por generar doble tributación para los dueños de empresas, ya que los accionistas pagarían indirectamente dos veces.
«¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio a las empresas? Políticas que empobrecen solo nos dejan peor para futuras calamidades»
José Ignacio López, presidente de Anif
«¿De dónde sacan que se necesitan $8 billones? Es clave que nos muestren el detalle»
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda
Expertos en tributación también han señalado irregularidades en la propuesta, destacando que se trata de un impuesto al patrimonio a cargo directo de las empresas, algo inédito en el esquema fiscal colombiano, y cuestionando su efectividad redistributiva.
«Un pequeño accionista de una empresa grande paga lo mismo que el gran accionista. La redistribución se hace con impuestos a las personas naturales. Y las tasas actuales ya son bastante redistributivas»
Francisco Azuero, profesor de Administración de la Universidad de los Andes
«lo que podemos ver en la propuesta del ministro de Hacienda es algo que antes no se había dado y es un impuesto al patrimonio a cargo de las empresas»
Christian Quiñonez, exsubdirector operativo de Fiscalización y Liquidación Tributaria y ex subdirector de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dian
El debate se intensifica en un momento clave para la gestión económica del gobierno Petro, donde la declaración de emergencia podría agilizar recursos para la reconstrucción, pero también profundizar divisiones sobre cómo financiar las necesidades urgentes del país sin desincentivar la inversión privada.
