La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico, Jorge Luis Sampayo Herrera, quien fungía como exasesor financiero, y Gertrudis María Peralta Vásquez, exasesora jurídica, junto con el contratista Julio César Altamar Rodríguez, representante de una fundación, por irregularidades en la adjudicación y ejecución de un contrato para el suministro de 200 cascos de lanchas pesqueras artesanales valorado en más de 1.000 millones de pesos. Los procesados enfrentan acusaciones por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación, en un caso que involucró direccionamiento hacia una fundación sin capacidad técnica, mediante un Registro Único de Proponentes falso expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla con información falsa, modificaciones a los pliegos de condiciones, validación irregular por parte del comité evaluador integrado por los exfuncionarios y una extensión del plazo original de 30 días.
La investigación reveló que la fundación carecía de experiencia en la construcción de embarcaciones y presentó documentación falsa, mientras el contratista realizó observaciones al proyecto para solicitar cambios en los requisitos habilitantes y de calificación, comprometiéndose en su propuesta a entregas en el menor tiempo posible y ofreciendo garantías ficticias de 15 años durante toda la vida útil del bien, lo que justificó la asignación del mayor puntaje y la adjudicación irregular del contrato.
«Dichos informes de evaluación se constituyeron en el soporte para demostrar el agotamiento de un trámite preparatorio obligatorio que antecede el acto administrativo de adjudicación del contrato, con el cual se va materializando el principio de la contratación pública de transparencia y se habilita al o los proponentes para seguir en el proceso de selección.»
Fiscalía General de la Nación
«Por su parte, el contratista Julio César Altamar Rodríguez haría observaciones al proyecto y pliego de condiciones, solicitando modificaciones a los requisitos habilitantes y de calificación. Y en su propuesta se comprometería con entregas en el menor tiempo y ofrecería garantías ficticias durante toda la vida útil del bien a suministrar, 15 años, de tal manera que se justificara la asignación del mayor puntaje.»
Fiscal durante la audiencia de imputación
Investigación de la Procuraduría en Segovia por contratos recurrentes
En un caso paralelo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra la Alcaldía de Segovia, en Antioquia, por posibles irregularidades en 17 contratos de asesoría jurídica externa suscritos desde 2021 con la misma firma no identificada, por un monto acumulado cercano a los 17.750 millones de pesos, incluyendo seis contratos solo en 2025 por más de 6.800 millones. La indagación, a cargo de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío, busca determinar faltas disciplinarias en los procedimientos de contratación para servicios de representación judicial, obligaciones tributarias y procesos de cobro coactivo, algunos con adiciones presupuestales, ante la recurrencia con un solo proveedor.
El ente de control dispuso la práctica de pruebas para verificar el cumplimiento de requisitos legales y identificar a los responsables de eventuales irregularidades, en una etapa preliminar que pone bajo escrutinio la gestión contractual de la administración municipal desde 2021 y destaca preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos en entidades locales.
