Fiscalía ecuatoriana vincula disidencias Farc al asesinato de Villavicencio en Quito

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La Fiscalía de Ecuador ha revelado que una facción de las disidencias de las Farc participó activamente en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. Esta conexión criminal se expuso durante una audiencia judicial contra Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de la banda Los Lobos, quien es procesado como responsable directo del magnicidio. Según la información presentada, Los Lobos colaboró con las disidencias mediante la entrega de dinero para contratar sicarios colombianos vinculados a redes internacionales.

El testigo protegido identificado como M.N.L.S. detalló la mecánica del crimen, señalando que alias Gordo Luis, segundo al mando de Los Lobos, se encargó de coordinar la operación junto a cuatro presuntos autores intelectuales, mientras que alias El Invisible actuó como el ejecutor principal. La planificación involucró pagos de grandes sumas de dinero a las disidencias de las Farc, que facilitaron la llegada de sicarios en su mayoría colombianos, articulados en una red criminal transnacional entre Los Lobos y estas facciones armadas.

Avances judiciales y saldo de la investigación

En el marco de la pesquisa, cinco personas han sido condenadas a prisión como autores materiales del atentado, aunque el proceso se vio marcado por la muerte de ocho involucrados antes de enfrentar la justicia, incluyendo siete sicarios colombianos. Esta revelación subraya la complejidad del caso, que conecta bandas locales ecuatorianas con grupos guerrilleros colombianos en un contexto de violencia electoral que conmocionó al país sudamericano.

“se encargó de entregar una fuerte cantidad de dinero a las disidencias de las Farc, con el fin de contratar a los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio”

M.N.L.S., testigo protegido

El magnicidio de Villavicencio, un crítico acérrimo del narcotráfico, resalta las profundas ramificaciones del crimen organizado en la región, donde alianzas transfronterizas amenazan la estabilidad política y judicial de Ecuador y Colombia.

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