El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó rotundamente la denuncia presentada por la representante a la Cámara y candidata al Senado, Katherine Miranda, quien acusó a su gobierno de adjudicar contratos de publicidad institucional por más de 71.800 millones de pesos entre el 26 y el 30 de enero de 2026, justo cuatro días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y en medio de una declarada emergencia económica, social y ambiental. Miranda hizo pública la denuncia a través de publicaciones en las redes sociales X y Facebook, destacando que estos contratos podrían constituir un uso político de fondos públicos, violando principios de transparencia, planeación y neutralidad electoral.
De los 16 contratos señalados, 12 fueron adjudicados a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), por un valor superior a los 64.000 millones de pesos, lo que representa cerca del 90% del monto total, un incremento drástico en comparación con el gobierno de Iván Duque en un periodo equivalente de 2022, cuando RTVC recibió alrededor de 1.500 millones de pesos, es decir, un aumento del 4.166%. Otros beneficiarios incluyen a la Sociedad de Televisión de Caldas, Quindío y Risaralda Ltda., Servicios Postales Nacionales S.A.S. y la Confederación Colombiana de Consumidores. Estos contratos fueron firmados por entidades como el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como los ministerios de Educación, Justicia, Salud, Agencia Nacional de Tierras, Cultura, Interior, Ambiente, Relaciones Exteriores, Superintendencia Nacional de Salud, Transporte y Deporte.
Reacciones y negaciones presidenciales
En respuesta inmediata a través de su cuenta en X, el mandatario afirmó no haber firmado ningún contrato durante su administración, argumentando que ello está prohibido por norma, y tildó la acusación de mentira, extendiendo su defensa a negar que Colombia Humana haya superado los topes de campaña presidencial en 2022, como se dejó constancia ante el Consejo Nacional Electoral. Miranda, por su parte, anunció que llevará la documentación a organismos de control fiscal para que investiguen posibles irregularidades, calificando los contratos como una maniobra justo en vísperas de las restricciones legales preelectorales.
“El Gobierno Nacional firmó más de 70 mil millones de pesos en contratos de publicidad en solo cuatro días, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y en medio de una emergencia económica y ambiental (sic)”
Katherine Miranda, representante a la Cámara
“Yo no he firmado ningún contrato en mi gobierno. Eso está prohibido por norma”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Esto no es cierto. Es una mentira. Colombia Humana dejó perfecta constancia en su proceso ante CNE que no violó los topes de campaña presidencial”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Este intercambio cobra relevancia en el contexto preelectoral colombiano, donde el escrutinio sobre el uso de recursos públicos se intensifica, aunque hasta el momento no hay confirmación independiente de los contratos mediante plataformas como SECOP, y las fuentes primarias radican en las publicaciones de Miranda en X (@KatheMirandaP) y Facebook, así como las respuestas de Petro (@petrogustavo). La controversia pone en el centro del debate la neutralidad institucional ante las próximas restricciones de la Ley de Garantías.
