En Bogotá, ante la jueza octava especializada, la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial, solicitó este miércoles 11 de febrero de 2026 la preclusión del cargo por tráfico de influencias durante la reanudación de las audiencias preparatorias del proceso en su contra. La petición, presentada por el abogado Mauricio Camacho Fernández, fue rechazada de inmediato por la Fiscalía General, la Procuraduría General y los representantes de las víctimas, dejando la decisión final en manos de la jueza.
La solicitud se fundamentó en las modificaciones sustanciales que la Fiscalía realizó en los hechos tanto en la imputación como en la acusación, argumentando que los eventos no ocurrieron como los describe el ente investigador y que existe una falta de base probatoria suficiente para sostener el cargo. Este planteamiento se dio en el marco de un proceso por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se investigan irregularidades en la gestión de recursos públicos destinados a emergencias.
Rechazo unánime de las partes involucradas
La Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas manifestaron su oposición inmediata a la preclusión, alegando que no se cumplen los requisitos jurídicos ni existe fundamento legal para archivar el cargo de tráfico de influencias, el cual forma parte central de la acusación contra Ortiz Nova.
“los hechos mencionados no ocurrieron”
Mauricio Camacho Fernández, abogado defensor de Sandra Liliana Ortiz Nova
La jueza octava especializada de Bogotá deberá resolver definitivamente sobre esta solicitud el próximo 4 de marzo de 2026, en un caso que sigue captando la atención por las implicaciones en la gestión de fondos públicos para desastres en el país y las figuras políticas involucradas.
