En Colombia, la mesada 14 correspondiente a 2026 solo será pagada a pensionados retirados de la Fuerza Pública, que incluye al Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, así como a sus beneficiarios, además de los docentes oficiales bajo los regímenes del magisterio estatal y a ciertos pensionados del régimen general que cumplan con condiciones específicas de fecha de pensión y monto. Este pago, equivalente a una mensualidad ordinaria ajustada por el Índice de Precios al Consumidor del 5,1 por ciento, se realizará a mitad de año, siguiendo el calendario habitual de desembolsos establecido por las entidades pagadoras en todo el territorio nacional.
El beneficio, regulado por la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones posteriores, responde a criterios precisos derivados de normas vigentes y protegido por rango constitucional particularmente para la Fuerza Pública, donde se exige un mínimo de 20 años de servicio para militares y 25 para la Policía. En el régimen general, solo accederán quienes se jubilaron antes del 25 de julio de 2005 con una pensión igual o inferior a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o aquellos que lo hicieron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 con pensiones de hasta tres salarios mínimos. Este pago representa un alivio económico significativo para más de dos millones de personas que reciben pensiones por vejez, invalidez o sobrevivencia en el país, e incluye también a civiles vinculados al sector Defensa antes de 1994.
Restricciones tras reformas y valor del pago
Las restricciones al pago de la mesada 14 surgieron de reformas pensadas para reducir el gasto público, aunque se ha restituido para los docentes del magisterio. No aplica a pensiones devengadas después del 31 de julio de 2011, salvo en los casos de Fuerza Pública y magisterio estatal. El valor exacto equivale a la mesada mensual ordinaria, incluyendo el ajuste anual por IPC del 5,1 por ciento para 2026; por ejemplo, para una pensión equivalente al salario mínimo, ascendería a 1.750.905 pesos, lo que subraya su importancia como soporte financiero para los beneficiarios calificados en un contexto de presiones económicas.
Este anuncio reafirma el compromiso con sectores específicos del servicio público, ofreciendo estabilidad a quienes cumplieron décadas de labor en defensa de la nación y la educación, mientras se ajusta el sistema previsional a realidades fiscales sostenibles.
