El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció la eliminación de los estratos socioeconómicos en Colombia, un sistema que será reemplazado por una nueva clasificación basada en los ingresos reales de los hogares para la asignación de subsidios y el cobro de tarifas en servicios públicos como acueducto y energía. Esta medida, impulsada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se implementará de manera progresiva en los próximos meses, con un avance significativo durante el primer semestre de 2026 y culminación antes del 7 de agosto de ese año, fecha en que concluye el actual mandato presidencial. El cambio busca corregir los errores del esquema actual, basado en características de la vivienda, para dirigir los recursos a quienes realmente los necesitan.
La transición mantendrá vigentes los estratos existentes durante un período gradual, mientras se actualiza el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) mediante reportes de ingresos extraídos de registros administrativos y la integración de diversas bases de datos. Esto evitará exclusiones injustas o errores en la clasificación, permitiendo que hogares en estratos altos pero con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo reciban alivio en subsidios, mientras que aquellos en estratos 2 y 3 con altos ingresos paguen tarifas más equitativas. La iniciativa forma parte de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo e impactará programas como la devolución del IVA y Colombia Mayor, ajustándolos estrictamente a la realidad económica de las familias.
Un cambio histórico hacia la equidad real
El anuncio del gobierno Petro, respaldado por documentos técnicos en elaboración por el DNP, responde a la necesidad de una distribución más precisa de los subsidios, superando las limitaciones del modelo de estratos que no siempre refleja la situación financiera actual de los hogares. Con el salario mínimo como referencia clave para identificar ingresos bajos, el nuevo sistema nacional promete una mayor justicia social al adaptar las tarifas de servicios públicos y los apoyos estatales a datos verificables de ingresos, beneficiando especialmente a sectores vulnerables en todo el país.
Esta reforma, que se completará antes del fin del periodo presidencial el 7 de agosto de 2026, representa un paso audaz hacia la focalización efectiva de recursos públicos, corrigiendo distorsiones históricas y promoviendo una Colombia más equitativa donde los subsidios lleguen verdaderamente a los más necesitados.
