El gobierno de Gustavo Petro anunció un aumento del 23,7% en el salario mínimo mensual en Colombia, que llegará a dos millones de pesos a partir de enero de 2026, medida que beneficiará directamente a 2,5 millones de trabajadores en un contexto de alta informalidad laboral del 55,4%. Sin embargo, esta decisión, promulgada por decreto e impulsada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, generará costos fiscales adicionales estimados en once billones de pesos, equivalentes al 0,6% del PIB, en medio de un déficit fiscal estructural de dieciséis billones de pesos, o el 0,9% del PIB, y una deuda del gobierno general proyectada en 62,8% del PIB para 2027.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y Fitch Ratings han advertido sobre los impactos negativos, incluyendo presiones inflacionarias que elevarían la tasa de política monetaria del actual 10,25% a más del 11% en 2026, con la inflación de noviembre de 2025 en 5,3%, cierre del año en 5,1%, enero de 2026 en 5,35%, febrero en 5,54% y fin de año cerca del 6,5%, alejándose de la meta del Banco de la República del 3%. Además, el ajuste impactará el PIB en 0,35% y elevará los costos en pensiones, donde Colpensiones reporta 1.853.855 pensionados en noviembre de 2025, de los cuales 1.027.734 reciben pensiones mínimas, representando el 55,4%, con un gasto adicional de 3,1 billones de pesos en 2026 y 1,5 billones por deslizamiento en rentas vitalicias según el Decreto 036 de 2015.
Advertencias de expertos y agencias calificadoras
Fitch Ratings degradó la calificación crediticia de Colombia a BB/Estable en diciembre de 2025 por déficits fiscales persistentes, y ahora alerta sobre los desafíos adicionales del aumento salarial en pensiones indexadas, costos de producción y posible mayor endeudamiento. Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina, subraya los riesgos en empleo e informalidad, mientras Anif detalla el mayor gasto fiscal en pensiones. El anuncio se da en medio de presiones presupuestarias, proyecciones de desaceleración económica en 2027 y riesgos externos como la volatilidad en precios del petróleo y tensiones geopolíticas por la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Paralelamente, el gobierno enfrenta una nueva emergencia económica en Córdoba por inundaciones, con un costo de ocho billones de pesos financiados mediante un impuesto al patrimonio a 15.000 empresas.
«El aumento del salario mínimo añadirá desafíos fiscales y de inflación, y provocará incrementos en la tasa de política que podrían afectar el crecimiento»
Fitch Ratings
«el mayor gasto fiscal asociado al ajuste de estas pensiones asciende a $3,1 billones para el 2026, en relación con el escenario base»
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif)
«La subida de tasas de interés va a hacer que se afecte el crecimiento económico. El 2027 ya no va a tener esa buena perspectiva, va a ser más bajito»
Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina
Estas proyecciones, respaldadas por datos del Dane, Colpensiones y el Banco de la República, pintan un panorama de tensiones económicas para Colombia, donde el impulso social del aumento salarial choca con la necesidad de estabilizar las finanzas públicas y controlar la inflación en un año marcado por anuncios finales de 2025.
