El Ministerio de Hacienda de Colombia declaró una emergencia económica y aprobó un paquete de recursos por 8 billones de pesos destinado a atender los daños causados por intensas lluvias en varios departamentos, con Córdoba como el más afectado, seguido de Antioquia, La Guajira, Nariño y Sucre. Esta medida, tomada recientemente tras el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento, introduce un nuevo impuesto al patrimonio con tasas del 0,6% para patrimonios iguales o superiores a 10.000 millones de pesos y del 1,2% para aquellos que superen los 30.000 millones, con el fin de mitigar los impactos sociales y económicos de las catástrofes climáticas.
La declaratoria de emergencia económica surge en un contexto de presión fiscal agravada por el veto legislativo a la reforma tributaria y la suspensión provisional de una anterior emergencia por parte de la Corte Constitucional. Según cifras del sector empresarial, parte de estos recursos, estimados en 5,6 billones de pesos, se destinarían a nuevos contratos laborales que han sido calificados como burocracia innecesaria. Además, gremios destacan que Sucre no ha sido plenamente considerada en los planes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras que el país enfrenta el peor nivel de inversión sobre el PIB en más de 20 años y una inversión extranjera directa en terreno negativo.
Rechazo unánime del sector empresarial
Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los gremios empresariales, quienes manifestaron su oposición frontal a esta nueva carga impositiva. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), criticó duramente la medida en una rueda de prensa, cuestionando la transparencia en el uso de los fondos.
«No sabemos realmente en qué se están gastando la plata».
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi)
Mac Master profundizó su rechazo al describir el impuesto como un freno a la inversión nacional.
«Está desaforado por tratar de manejar más plata, por tratar de quitarle plata a los ciudadanos, por tratar de quitarle plata a las empresas colombianas».
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi)
«Se gastan 5,6 billones en contratos laborales nuevos que son pura burocracia».
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi)
«Es ni más ni menos que un impuesto a la inversión. Si usted deja sus recursos en Colombia, si usted invierte sus recursos en Colombia, si usted no se endeuda, sino que trabaja con dinero propio, entonces yo le voy a cobrar un impuesto».
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi)
Por su parte, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, expresó su incredulidad ante la propuesta en una publicación en la red social X.
«Es increíble que el Gobierno siga proponiendo irracionalidades. ¿A quién se le ocurre gravar la riqueza y la inversión productiva con un impuesto al patrimonio a empresas para seguir espantando la inversión?».
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA
La Intergremial Antioquia también se pronunció en un comunicado en X, rechazando explícitamente el nuevo impuesto y enfatizando los límites de la responsabilidad empresarial.
«Manifestamos nuestro rechazo a un nuevo impuesto al patrimonio empresarial en una nueva emergencia económica».
Intergremial Antioquia
«Los empresarios no pueden seguir asumiendo las responsabilidades del sector público».
Intergremial Antioquia
Estas posturas reflejan la creciente tensión entre el Gobierno y el sector privado ante medidas que, según los críticos, desincentivan la inversión y el empleo en un momento de vulnerabilidad económica, dejando en el aire el debate sobre cómo financiar la respuesta a las emergencias sin comprometer el crecimiento nacional.
