La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente por los riesgos en la atención de salud que enfrentan más de 100.000 personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario y carcelario de Colombia, tras la designación de Nueva EPS como operador único del servicio por parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad. Esta medida, impulsada por entidades como la Uspec, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Salud y Protección Social, genera preocupación debido a las dificultades financieras, administrativas y operativas de Nueva EPS, en un contexto de fallas estructurales persistentes en la garantía de la salud carcelaria.
El pronunciamiento público de la Defensoría, realizado recientemente tras solicitudes de participación sin respuesta desde enero de este año, exige garantías inmediatas, estudios técnicos detallados y un plan de transición claro para evitar retrocesos en los derechos de esta población vulnerable, que ha presentado un alto número de acciones de tutela contra Nueva EPS en 2025.
Contexto de crisis estructural en el sistema penitenciario
La Corte Constitucional ha declarado en cuatro ocasiones el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario por fallas graves en la prestación de servicios de salud, mediante las sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022, y más recientemente el Auto 607 de 2024 evidenció barreras persistentes en el acceso a servicios médicos. La decisión de designar a Nueva EPS como operador único llega después de dos años de intervención estatal, lo que podría implicar retrocesos en los derechos consagrados en la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
“impacto potencial que esta transición puede tener en la garantía del derecho fundamental a la salud de esta población, que depende de la protección estatal”
Defensoría del Pueblo
Entre las demandas específicas de la Defensoría se incluyen la elaboración de un plan de transición con cronogramas precisos, asignación de responsables claros y un enfoque diferencial para grupos prioritarios como gestantes, lactantes, mayores de edad, personas Lgbtiq+, con discapacidades, crónicos, de alto costo y con problemas de salud mental. Además, se exige una supervisión estricta con indicadores públicos, canales de información accesibles y la participación activa de veedurías ciudadanas, junto con la integración sin respuesta hasta ahora de delegadas de la Defensoría al Consejo Directivo, para salvaguardar el derecho a la salud en las cárceles del país.
