La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la apelación presentada por la familia de Álvaro Gómez Hurtado, conformada por Enrique Gómez Martínez y María Mercedes Gómez Escobar, y decidió mantener la investigación sobre el magnicidio del destacado político, ocurrido el 2 de noviembre de 1995 a la salida de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Esta resolución, dictada este año, ratifica la jurisdicción de la JEP exclusivamente sobre la hipótesis que atribuye el crimen a exmiembros de las Farc-EP, limitando su competencia a las confesiones realizadas por siete exintegrantes del Secretariado de esa guerrilla en 2020.
Los confesantes, entre los que se encuentra Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, admitieron su participación en el asesinato de Gómez Hurtado y en el de José del Cristo Huertas Hastamorir, vinculándolo a una retaliación por las posiciones políticas del excongresista durante el período de las llamadas “repúblicas independientes” de las Farc-EP. Aunque la familia alega la responsabilidad del Estado, altos funcionarios y el Cartel del Norte del Valle, la JEP enfatizó que su competencia se circunscribe a esta línea investigativa específica, mientras la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso avanzan en otras hipótesis.
Perfil de la víctima y trascendencia del caso
Álvaro Gómez Hurtado, tres veces candidato presidencial, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1990, fundador del Movimiento de Salvación Nacional y columnista del periódico El Siglo, fue una figura clave en la política colombiana. Los asesinatos de Gómez Hurtado y Huertas Hastamorir fueron declarados crímenes de lesa humanidad en 2017, lo que añade gravedad al caso y subraya la necesidad de esclarecimiento total.
“la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP”
Sección de Apelación de la JEP
“aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las FARC-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes”
Sección de Apelación de la JEP
Esta decisión de la JEP marca un paso más en el proceso de Justicia Transicional, pero deja abiertas múltiples interrogantes sobre el magnicidio que conmovió al país hace casi tres décadas, con la esperanza de que las investigaciones paralelas aporten luz definitiva sobre todos los responsables.
