El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó este 11 de febrero de 2026 el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, mediante el Decreto 0150, en respuesta a las intensas lluvias ocurridas entre el 1 y el 6 de febrero causadas por un desplazamiento anómalo de un frente frío que generó precipitaciones superiores a los niveles históricos en hasta un 289 por ciento, comparados con el periodo de referencia climatológica de 1991 a 2020, perturbando gravemente el orden económico, social y ecológico del país como una calamidad pública.
Este decreto, firmado por el mandatario y la totalidad de sus ministros, habilita la expedición de decretos legislativos y operaciones presupuestales especiales con vigencia por 30 días, además de autorizar la creación o modificación transitoria de tributos hasta el fin de la siguiente vigencia fiscal, ante miles de viviendas afectadas, decenas de miles de familias damnificadas y daños significativos en infraestructura vial, suelos agrícolas y ecosistemas.
Reaviva el debate constitucional sobre separación de poderes
La medida reabre un controvertido debate constitucional respecto a la separación de poderes, ya que permite al Ejecutivo legislar por decreto de manera temporal, sustituyendo al Legislativo, en un contexto donde la Corte Constitucional acumula evaluaciones de decretos similares sin pronunciarse aún, particularmente en el expediente RE-390 a cargo del magistrado Miguel Efraín Polo Rosero, quien convoca al Congreso para ejercer control político.
«Si un presidente acude a estas medidas, no es para nada inconstitucional, pues están en la Constitución por una razón (…) lo que es irregular es convertirlas en algo regular.»
Mauricio Gaona, profesor y experto en Derecho Constitucional
La Constitución Política permite estos estados de excepción ante hechos sobrevinientes que perturben el orden económico, social o ecológico, pero expertos como el profesor Mauricio Gaona cuestionan la recurrencia de estas declaratorias.
«La forma de proceder del gobierno es sacar un decreto de emergencia económica tras otro porque la Corte aún no ha decidido y porque les ponen un ultimátum para que decidan.»
Mauricio Gaona, profesor y experto en Derecho Constitucional
Gaona enfatiza los riesgos inherentes a esta facultad presidencial.
«Básicamente implica la sustitución del legislativo, es decir, que el gobierno va a legislar por decreto y eso, naturalmente, por lo menos de manera temporal, rompe el principio de separación de poderes.»
Mauricio Gaona, profesor y experto en Derecho Constitucional
Esta nueva declaratoria se suma a un historial de medidas similares pendientes de revisión judicial, intensificando las discusiones sobre los límites del poder presidencial en situaciones de crisis, mientras las autoridades locales en los ocho departamentos afectados coordinan la respuesta humanitaria y de recuperación ante los estragos causados por las lluvias.
