El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 y ordenó al Gobierno Nacional expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días. Esta medida judicial provisional busca corregir vicios en el acto administrativo original, sin afectar los pagos ya realizados en enero ni la próxima quincena, que se liquidará con base en el decreto vigente hasta la fecha. La decisión genera preocupación en el sector empresarial por posibles impactos en nóminas y contrataciones durante la transición.
Según expertos en derecho laboral, como Camilo Cuervo, socio de la firma Holland & Knight, los empleadores deben continuar pagando salarios y prestaciones sociales con el último decreto suspendido hasta que entre en vigor el nuevo. Esto incluye salarios ordinarios, vacaciones, cesantías y primas causadas bajo las condiciones actuales, sin devoluciones retroactivas. Cuervo enfatizó que «por lo que ya le pagaron en enero, absolutamente nada» se devuelve, y «lo que ya se pagó, ya quedó», aclarando que el ajuste salarial solo aplicará «a partir de la expedición del nuevo decreto».
Transición sin devengos retroactivos
El fallo del Consejo de Estado obliga al Gobierno a actuar con celeridad, pero el experto duda de que el nuevo decreto se expida antes del 15 de este mes, fecha clave para la quincena. En ese escenario, «no creo que el Gobierno saque el decreto de aquí al 15. En ese sentido, hay que esperar el decreto y mientras tanto se seguirán pagando las cosas como están hoy porque no va a haber un cambio», explicó Cuervo. Las empresas, por su parte, «tienen que pagar con base en el último decreto hasta que salga el nuevo», lo que podría generar una ralentización temporal en procesos de nómina y nuevas contrataciones mientras se aclara la situación.
«A partir de la expedición del decreto va a tener un ajuste de su salario».
Camilo Cuervo, abogado en Derecho Laboral y socio de Holland & Knight
Esta suspensión provisional resguarda los derechos adquiridos de los trabajadores, manteniendo intactos los pagos ya causados o liquidados, y apunta a un ajuste progresivo una vez expedido el nuevo decreto. La información se basa en una entrevista concedida por Camilo Cuervo a Infobae Colombia, destacando la necesidad de estabilidad laboral en medio de esta incertidumbre jurídica.
