El Consejo de Estado, en su Sección Segunda, suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 que establecía el salario mínimo para 2026 en 1.750.905 pesos, equivalente a un incremento del 23 por ciento, pero aclaró que esta medida no afecta el Decreto 1470 de 2025, que fija el auxilio de transporte en 249.095 pesos mensuales para trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales vigentes. La decisión se tomó el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, generando incertidumbre en medio de la cercanía de la primera quincena de pagos de febrero.
La medida cautelar judicial obliga al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a expedir un decreto transitorio en un plazo de ocho días para regular el salario mínimo mientras se resuelve el fondo del proceso judicial. El alto tribunal evaluará la justificación técnica y constitucional del decreto suspendido, basándose en precedentes como la sentencia C-187 de 1999 de la Corte Constitucional y la Ley 278 de 1996, sin pronunciarse sobre el auxilio de transporte, que se mantiene como prestación legal no salarial destinada a mitigar los costos de desplazamiento de los trabajadores.
Incertidumbre laboral y llamados del Gobierno
Los decretos 1469 y 1470 fueron emitidos en diciembre de 2025, pero la suspensión provisional deja vigentes los salarios y auxilios de 2025 hasta la emisión de la norma transitoria, lo que podría generar confusión en las nóminas de febrero. Una paradoja surge en este escenario: una eventual reducción transitoria del salario mínimo ampliaría el número de beneficiarios del auxilio de transporte, al extenderlo a más trabajadores por debajo de dos salarios mínimos. Tanto Petro como Sanguino han exigido que los empleadores realicen los pagos sin modificaciones mientras se resuelve la situación.
«Si queremos cerrar la brecha ahora, el salario mínimo vital debería ser de 2.155.000 pesos mensuales»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
El proceso judicial continuará hasta una sentencia definitiva, mientras el Gobierno prepara la norma transitoria para evitar mayores disrupciones en el mercado laboral colombiano. Esta noticia adquiere relevancia inmediata por su impacto en millones de trabajadores y empleadores, en un contexto de debates sobre la canasta básica y la equidad salarial.
