El Gobierno nacional de Colombia expidió el Decreto 0063 del 26 de enero de 2026, una medida histórica que reconoce y protege a más de 300.000 mujeres buscadoras de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. Esta norma, impulsada a petición de la Fundación Nydia Erika Bautista y en cumplimiento de la Medida Cautelar Nacional sobre Desaparición Forzada emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reglamenta la Ley 2364 de 2024 y adiciona un capítulo al Decreto 1069 de 2015, creando el Registro Único de Mujeres Buscadoras (Rumb), administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Estas mujeres, que han liderado durante décadas los procesos de búsqueda de desaparecidos en medio de la violencia y la ausencia institucional, han exhumado 1.916 cuerpos, identificado 240 de ellos y realizado 150 entregas dignas a sus familias, cifras que resaltan su incansable labor pese a enfrentar barreras estructurales, estigmatización, amenazas y revictimización, como evidenció la JEP en sus medidas cautelares.
Reconocimiento como defensoras de derechos humanos
El decreto establece a estas mujeres como sujetas de protección constitucional, defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, garantizando su acceso a mecanismos de protección, atención integral y participación efectiva en los procesos de búsqueda. Incorpora enfoques diferenciales en derechos humanos, género, diversidad étnica, territorio, ciclo vital, discapacidad y justicia restaurativa, promoviendo una reparación integral adaptada a sus realidades.
Funcionamiento del Registro Único de Mujeres Buscadoras
El Rumb permitirá la acreditación en un plazo de 60 días hábiles a través de la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o los consulados colombianos en el exterior, recopilando datos sobre sus condiciones de vida, violencias enfrentadas y riesgos específicos. Además, será interoperable con el Registro Único de Víctimas y el Registro Nacional de Desaparecidos, fortaleciendo la articulación de esfuerzos institucionales para visibilizar y salvaguardar su rol esencial en la verdad, la justicia y la no repetición del conflicto armado.
Esta iniciativa no solo honra la tenacidad de miles de mujeres que han buscado respuestas en fosas comunes y cementerios olvidados, sino que marca un avance hacia la reparación colectiva en un país marcado por más de 120.000 casos de desaparición forzada, consolidando su aporte a la paz sostenible.
