La Presidencia de la República, a través de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre), emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente la información publicada por la revista Semana, que aseguraba la existencia de contratos por 23.000 millones de pesos adjudicados directamente a Verónica Alcocer, primera dama del país, para servicios de un maquillador y un fotógrafo. En su respuesta, el Gobierno aclaró que las cifras reales corresponden a un convenio interadministrativo entre el Dapre y Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), por un valor total de 22.500 millones de pesos distribuidos entre 2022 y parte de 2026, equivalente a aproximadamente 5.000 millones de pesos anuales. Este convenio involucra a la cooperativa Savi, que desde 2004 ha prestado servicios audiovisuales, y que a su vez vincula a profesionales como Fady Javier Flórez, asesor de imagen, y Mauricio Vélez, director audiovisual.
La denuncia de Semana señalaba supuestos contratos irregulares ordenados por la primera dama, replicada por otros medios, pero la Presidencia enfatizó que los servicios se enmarcan en un esquema legal bajo la supervisión de las comunicaciones del Dapre. Así, Rtvc contrata a Savi para la producción, transmisión y divulgación de contenidos audiovisuales institucionales en medios nacionales, regionales, locales, comunitarios y digitales. Flórez recibe 10 millones de pesos mensuales y Vélez 25 millones de pesos mensuales, con la obligación de entregar informes mensuales para justificar los pagos, todo ello en el marco de un convenio que data de la época del gobierno de Álvaro Uribe, cuando Savi surgió de ex trabajadores de Inravisión.
Respuesta oficial y acciones legales en puerta
El Gobierno colombiano rechazó no solo las cifras infladas de la revista, sino también cualquier insinuación de irregularidades, afirmando que no ha recibido notificación alguna de una investigación por parte de la Fiscalía. La Presidencia anunció que tomará acciones legales contra Semana por el daño causado a la imagen del Gobierno y de los profesionales involucrados, calificando la publicación como falsa e inexacta respecto a los contratos vigentes.
“En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, a prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de producción y transmisión de los contenidos audiovisuales. Así mismo, a realizar la divulgación institucional de las piezas y mensajes de las estrategias de comunicación del DAPRE, en medios de comunicación nacionales, regionales, locales, comunitarios y digitales”.
Presidencia de la República
“Es falso que el contrato de las personas anteriormente mencionadas sea de la suma que señala la supuesta investigación del medio de comunicación y no corresponde a la realidad de los contratos vigentes”.
Presidencia de la República
Este episodio pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo y ciertos medios de comunicación en Colombia, donde las denuncias sobre manejo de recursos públicos generan amplio debate. Mientras Savi continúa su labor tradicional en el sector audiovisual estatal, la Presidencia insiste en la transparencia de los procesos y en la defensa legal de su gestión.
