Bandas criminales en Colombia, incluyendo estructuras como «los de La Oficina», han intensificado el uso de criptomonedas para lavar dinero proveniente del narcotráfico y la extorsión, así como para cobrar rescates, lo que complica enormemente su rastreo por parte de las autoridades. Un caso emblemático ocurrió entre el 17 y el 19 de enero de 2024 en Medellín y el Valle de Aburrá, donde secuestraron al influencer Roberto Felipe Mejía Caicedo en el exclusivo Parque Lleras de Envigado. Los captores exigieron más de 3.000 millones de pesos en monedas virtuales, y la familia terminó pagando 184.000 dólares, equivalentes a unos 670 millones de pesos, mediante consignaciones en Bitcoin y stablecoins como USDT.
Este fenómeno ha crecido de manera alarmante desde 2021, desafiando los mecanismos de control del Estado. Las bandas convierten el dinero ilícito en criptoactivos en cuestión de segundos a través de plataformas descentralizadas, utilizando cuentas digitales, mezcladores para ofuscar el rastro, testaferros y cambios ilegales de divisas. De esta forma, evitan los controles bancarios tradicionales, el transporte físico de efectivo y la exposición a riesgos, permitiendo movimientos rápidos a colaboradores dentro y fuera de Colombia sin necesidad de verificación de identidad.
El anonimato que favorece el crimen organizado
La velocidad y el anonimato de las transacciones en criptomonedas han convertido a estas herramientas en el método preferido para evadir la regulación efectiva y saltarse los radares financieros locales. Investigadores destacan que este auge facilita el flujo internacional de fondos ilícitos, haciendo casi imposible seguir el dinero una vez convertido en Bitcoin o stablecoins.
«El dinero del narcotráfico o de la extorsión se convierte en Bitcoin o Stablecoins (como USDT) en cuestión de segundos, saltándose los radares de los bancos locales. Esto permite que las estructuras puedan intercambiar fácilmente las cripto por efectivo»
Investigador de la Fiscalía
La investigación periodística de El Colombiano pone en evidencia cómo estas prácticas no solo agilizan el lavado de activos, sino que representan un reto mayúsculo para las autoridades, urgiendo medidas regulatorias más estrictas para combatir esta nueva frontera del crimen organizado en regiones como Antioquia.
