El Juzgado Quinto Administrativo de Armenia ha ordenado compulsar copias al ministro de Educación, Daniel Rojas, así como a la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, por la presunta autorización y trámite de pagos irregulares realizados por el Fomag por un valor de 260.437 millones de pesos a maestros pensionados que no tenían derecho legal a estas prestaciones. Esta decisión judicial surge en el marco de una investigación que revela pagos efectuados pese a negaciones previas por instancias judiciales, involucrando también al abogado Yobanni Alberto López y a varios educadores jubilados.
Los pagos irregulares corresponden a primas abonadas por el Fomag a educadores jubilados, a pesar de un fallo judicial en contra, lo que abre la puerta a posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales para los involucrados. La pesquisa, impulsada por el periodista Daniel Coronell, expone cómo estos desembolsos se realizaron sin respaldo legal, en un caso que evoca el escándalo de Foncolpuertos por sus similitudes en irregularidades financieras.
El rol del abogado López en los litigios
Yobanni Alberto López, director de una firma especializada en demandas contra el Fomag, ha encabezado varios litigios que derivaron en estos pagos controvertidos, cobrando porcentajes que oscilan entre el 20% y el 30% de las sumas adjudicadas. Fruto de estos honorarios, López adquirió un avión privado, lo que añade un matiz de opacidad a las operaciones. El ministro Rojas, por su parte, ha manifestado que adoptará una postura oficial una vez cuente con mayor información sobre el caso.
Este episodio pone en entredicho la gestión de recursos públicos en el sector educativo y resalta la necesidad de mayor vigilancia sobre los fondos destinados a pensiones y prestaciones, en un contexto donde los contribuyentes esperan transparencia absoluta en el manejo de dineros del Estado.
