El exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández aclaró que el salario mínimo no puede reducirse, ya que ello atentaría contra los derechos fundamentales de los trabajadores, en el contexto de la suspensión cautelar del decreto de incremento salarial dictada por el Consejo de Estado el 12 de febrero de 2026. Esta medida provisional, que no define la legalidad definitiva del decreto 1469 de diciembre, obliga al Gobierno nacional a emitir un nuevo acto administrativo, mientras el salario mínimo actual del decreto suspendido permanece vigente. Hernández basó su explicación en la jurisprudencia desde 1999 y los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, que protegen los derechos laborales mínimos.
En una mesa de concertación extraordinaria celebrada el lunes 16 de febrero, que duró cuatro horas, no se alcanzó consenso entre el Gobierno, las centrales obreras y los gremios empresariales. El Gobierno anunció que utilizará recursos legales como aclaración y súplica para garantizar la seguridad jurídica sin retrocesos en los derechos laborales, cumpliendo la orden del Consejo de Estado mediante diálogo con los medios de comunicación.
Preocupaciones por el impacto económico
El incremento salarial del 23,7% ha generado alertas en el sector empresarial: Fenalco estima que cerca de 700.000 empleos están en riesgo y más de un millón de microempresas podrían verse afectadas. El Ministerio de Hacienda expresó preocupación por los efectos inflacionarios derivados del alza en la tasa de referencia del Banco de la República, que incrementa los costos de financiación para el sector productivo y empresarial, traduciéndose en mayores precios en el mercado.
“a la luz de la Constitución no se puede rebajar el salario mínimo”
José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional
“Estamos interesados en que el decreto que le exige el Consejo de Estado se haga en las mismas condiciones en que se expidió el 1469 del pasado diciembre, es decir, con un incremento 23,7%”
Fabio Arias, presidente de la CUT
Por su parte, Fenalco manifestó desacuerdo con el incremento salarial pero se comprometió a acatar la decisión final. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió sobre los riesgos para las mipymes ante estos mayores costos.
“Lo que va a observarse en el corto plazo son más bien los efectos inflacionarios de haber ellos incrementado la tasa de referencia porque esto le está implicando al sector productivo y empresarial mayores costos de financiación y esos mayores costos de financiación se traducen en mayores precios en el mercado”
Germán Ávila, ministro de Hacienda
El Gobierno reiteró su compromiso de avanzar en un nuevo decreto bajo las mismas condiciones del original, priorizando la protección de los trabajadores en medio de este proceso judicial provisional que mantiene vigente el salario mínimo actual en todo Colombia.
