La Fiscalía General de la Nación, a través de su Fiscal de Unidad de Vida, abrió una investigación penal contra Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, por la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia A severa que no recibió su medicamento desde diciembre de 2025. El menor falleció el 13 de febrero en Colombia tras ser hospitalizado por una caída en bicicleta que provocó un sangrado cerebral, agravado por al menos dos meses sin el tratamiento esencial para su condición crónica de alto riesgo.
El caso ha generado alarma en entidades como la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) y la Sociedad Colombiana de Pediatría, que han denunciado la falta de acceso oportuno al medicamento requerido. El fallecimiento del pequeño motivó el inicio de las indagaciones, solicitadas expresamente por la sociedad científica pediátrica para esclarecer cualquier responsabilidad en la interrupción del suministro vital.
Preocupación de la sociedad científica
La intervención de Nueva EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud añade un contexto crítico a la pesquisa, que se encuentra en desarrollo y busca determinar si la negligencia en la provisión del fármaco contribuyó directamente a la tragedia. Fecoer fue una de las primeras en informar sobre la ausencia prolongada del tratamiento, destacando los riesgos para pacientes con patologías raras que dependen de suministros continuos y especializados.
“Como sociedad científica comprometida con la defensa de la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes, manifestamos nuestra profunda preocupación por cualquier situación en la que el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos esenciales pueda verse interrumpido, especialmente en patologías crónicas y de alto riesgo que requieren tratamientos continuos, especializados y oportunos para preservar la vida”
Sociedad Colombiana de Pediatría
Este suceso subraya las vulnerabilidades en el sistema de salud colombiano para enfermedades raras, donde la continuidad terapéutica es crucial, y pone en el foco las obligaciones de las EPS intervenidas ante casos pediátricos críticos, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para atribuir posibles responsabilidades penales.
