El exfiscal general Francisco Barbosa denunció como un delito grave la divulgación de la historia clínica del menor Kevin Acosta, quien falleció a causa de complicaciones por hemofilia, por parte de Nueva EPS. Este hecho se desencadenó tras un acto público del presidente Gustavo Petro en Bogotá, donde el mandatario leyó en voz alta el documento médico durante un evento multitudinario para desmentir acusaciones de negligencia por parte del Gobierno en el caso del niño, originario de Palestina en el Huila, quien fue trasladado primero a Pitalito y luego a la capital del país.
Kevin Acosta sufrió un accidente que agravó su condición hemofílica; según un documento firmado por su madre el 8 de febrero, ella rechazó una cirugía recomendada, mientras que la familia recibió medicamentos de Nueva EPS hasta el 14 de diciembre, pero un traslado posterior impidió la entrega de las dosis de enero. La EPS proporcionó la información clínica de manera excepcional y sin autorización expresa, lo que Barbosa calificó como una violación flagrante de la privacidad y del artículo 269F del Código Penal, que castiga estas conductas con penas de prisión entre 48 y 96 meses, además de multas que oscilan entre 100 y 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Polémica desatada en redes y el llamado a reforzar protocolos
La lectura pública del historial médico por parte de Petro generó una ola de controversia, con múltiples reacciones en redes sociales cuestionando la protección de la privacidad del menor fallecido. Barbosa publicó su denuncia en plataformas digitales, exigiendo el fortalecimiento de los protocolos de confidencialidad en el manejo de datos médicos sensibles, en un contexto donde el presidente utilizó la información para defender la gestión estatal frente a señalamientos de omisión en la atención al niño.
«revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito»
Francisco Barbosa, exfiscal general
«No mentimos anoche. No estamos tapando algo con otra cosa»
Gustavo Petro, presidente
Este episodio pone en el centro del debate público la tensión entre la transparencia gubernamental y el derecho fundamental a la intimidad médica, especialmente en casos sensibles como el de Kevin Acosta, cuya tragedia ha expuesto fallas en la cadena de atención de salud en regiones apartadas como el Huila.
