Un juez de segunda instancia será el encargado de determinar si Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, junto con las exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, continuarán en libertad, tras la audiencia de apelación celebrada este martes en el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías. La decisión de primera instancia, emitida el 16 de febrero, los dejó libres pese a la investigación por presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, relacionados con un detrimento patrimonial estimado en 2.400 millones de pesos en contratos con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. La Fiscalía 40 especializada, la Procuraduría a cargo de José Luis Ochoa Escobar y la defensa de las víctimas, representada por Abushihab Majer, apelaron la medida, lo que llevó a remitir el expediente a un juez de circuito para su revisión.
La audiencia, que se extendió por más de cinco horas, culminó con la remisión del caso a segunda instancia, donde se decidirá sobre la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad. La Procuraduría se adhirió a la apelación, respaldando la solicitud de detención por la gravedad de los delitos contra la administración pública. Mientras tanto, Palacio y las exsubdirectoras permanecen en libertad hasta el pronunciamiento final, que podría demorarse hasta un mes.
Argumentos de las partes y riesgos alegados
La Fiscalía argumentó un riesgo de obstrucción de la justicia, señalando la influencia potencial sobre testigos y el personal aún vinculado gracias a una reestructuración administrativa impulsada en junio de 2023, que pasó 25 cargos de libre nombramiento a provisionalidad, justo antes del fin del período y la entrada de la nueva directora. Por su parte, la defensa de las víctimas denunció el formateo de tres computadores del despacho del exdirector por parte de contratistas, así como la afectación de la cámara de seguridad del archivo. La defensa de los imputados rechazó estos argumentos y solicitó una mayor valoración de la prueba presentada, aunque el juez de primera instancia no negó la responsabilidad en los hechos de corrupción, según destacaron los apelantes.
“Deberían estar con medida de aseguramiento porque desde afuera tienen incidencia directa en lo que pasa hoy en el área metropolitana, porque en junio del año 2023 antes de terminar período, se inventaron una reforma administrativa para atornillar ahí sus personas de confianza, e hicieron nombramientos hasta pocos días antes de que entraran estas nuevas administraciones, de que entrara la nueva directora. El juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro y muy claro”
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín
Este caso pone en el centro del debate la gestión del Área Metropolitana durante la administración anterior y las irregularidades en contratos estatales, con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sumándose a las voces que exigen medidas más estrictas para evitar interferencias en las investigaciones en curso.
