El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, rechazó este fin de semana las declaraciones del Gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a la suspensión provisional del decreto que fijaba un aumento del 23,7% al salario mínimo para 2026, expedido en diciembre de 2025. Montaña aclaró que la decisión judicial no evalúa el monto del incremento ni su conveniencia, sino el incumplimiento de requisitos legales por parte del Ejecutivo, específicamente la omisión de variables obligatorias como la proyección de inflación, el IPC del año anterior y el crecimiento del PIB, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, ante la falta de consenso en la Comisión de Concertación Tripartita.
La suspensión provisional fue ordenada por el Consejo de Estado a raíz de acciones populares presentadas por inconformidad con el procedimiento del decreto, aunque la providencia enfatiza que no es una sentencia de fondo y que el proceso judicial continúa. Esta medida generó reacciones divididas en sectores políticos, económicos y sociales, mientras Montaña instó a respetar la independencia judicial y evitar manipulaciones políticas con la decisión. El Gobierno, por su parte, acordó en la Comisión de Concertación mantener el 23,7% de aumento salarial y anunció la emisión de un nuevo decreto que cumpla con la ley.
Precisión jurídica desde el Consejo de Estado
En entrevista con El Tiempo, Alberto Montaña detalló que la providencia se circunscribe a un cotejo preliminar entre el decreto y las exigencias legales, descartando cualquier juicio sobre la proporcionalidad del aumento en esta etapa inicial. El magistrado subrayó que el Consejo de Estado no concluye que el incremento sea desproporcionado, sino que advierte la falta de consideración de factores objetivos taxativamente delimitados por la norma.
«La decisión reciente se circunscribe a un punto preciso: el decreto expedido ante la falta de consenso no tuvo en cuenta factores que la ley exige expresamente. El artículo 8 de la Ley 278 de 1996 establece que, si no hay acuerdo entre empleadores, trabajadores y Gobierno, este puede fijar el incremento por decreto, pero debe considerar variables objetivas delimitadas de manera taxativa, como la proyección de la inflación, el IPC del año inmediatamente anterior y el crecimiento del PIB. Lo que la providencia advierte es que esos factores no fueron debidamente considerados».
Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado
«El Consejo de Estado fue claro en señalar que, en esta etapa inicial, no tenía elementos para concluir que el aumento fuera desproporcionado, y descartó esa tesis. En otras palabras, la decisión no juzga el monto del incremento ni se pronuncia de fondo sobre su conveniencia (…) lo que hace es un cotejo preliminar entre el decreto y las exigencias legales».
Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado
Respuesta del Gobierno y compromiso de cumplimiento
Desde su cuenta en X y en rueda de prensa, el presidente Gustavo Petro respondió que el Consejo de Estado debe pedirles cumplir la ley, la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional, afirmando que eso harán. Por su lado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó el consenso mayoritario en la mesa tripartita para mantener el 23,7% de incremento al salario vital, calificándolo como una buena noticia para los trabajadores colombianos. Tras las declaraciones de Montaña, Petro reiteró que el nuevo decreto provisional incorporará los lineamientos legales establecidos.
«El Consejo de Estado debe pedirnos cumplir la ley, la constitución y las sentencias de la corte constitucional sobre la ley. Eso haremos».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Así que podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7% del salario vital, que es una buena noticia para los trabajadores de Colombia».
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo
La controversia subraya la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial en torno al procedimiento para fijar el salario mínimo, vigente desde 2026, mientras el Gobierno avanza en un nuevo decreto que busca sortear las observaciones legales sin alterar el porcentaje acordado, en un contexto de expectativas altas entre los trabajadores por el aumento salarial.
