En un escalofriante caso de venganza narco, dos prominentes esmeralderos, Juan Sebastián Aguilar, conocido como “Pedro Pechuga”, y Hernando Sánchez, fueron asesinados a balazos por un francotirador profesional en el mismo conjunto residencial del norte de Bogotá. Los crímenes ocurrieron con una diferencia de ocho meses: Aguilar perdió la vida en agosto de 2024, mientras que Sánchez fue ejecutado en abril de 2025, ambos con disparos precisos a distancia desde una posición elevada y oculta en la zona boscosa de los cerros orientales. Las autoridades presumen que se trata de una retaliación por el control de propiedades, en medio de disputas desatadas tras el regreso de narcotraficantes extraditados desde Estados Unidos, quienes reclaman bienes administrados por las víctimas como testaferros.
Las víctimas no solo eran figuras clave en el mundo de las esmeraldas, sino también administradores de activos de capos del narcotráfico. Aguilar, fundador de Seguridad Oriental Ltda., una empresa dedicada a la protección de minas esmeralderas y vinculada a familias del sector así como al narcotráfico, fue el primero en caer bajo el fuego letal de un tirador con posible formación militar o policial, quien actuó por orden de un narcotraficante. Sánchez, igualmente testaferro, sucumbió al mismo modus operandi, lo que ha intensificado las sospechas de una oferta millonaria por sus vidas en el submundo criminal. Empresas como Hidra Seguridad, Magal Seguridad y nombres como Dionisio de Jesús Vera, alias “Flaco Vera”, y Jorge Iván González Ramírez, conocido como “J la Firma”, han surgido en las pesquisas como posibles nexos en esta red de poder y violencia.
Inspección en oficinas de Seguridad Oriental marca nuevo giro en la investigación
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizó este 18 de febrero de 2026 una inspección en las oficinas de Seguridad Oriental Ltda., ubicadas en el barrio Normandía de Bogotá, como parte de las diligencias por estos doble asesinato. Esta acción busca esclarecer los lazos de la compañía con el narcotráfico y las actividades de protección en zonas mineras, en un contexto donde el hermetismo de la comunidad residencial ha complicado las indagaciones. La Policía Metropolitana de Bogotá y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía lideran el caso, enfrentando obstáculos por el silencio colectivo en el conjunto residencial, pero avanzando en la reconstrucción de la trama que une esmeraldas, propiedades y venganzas transnacionales.
Estos homicidios subrayan la perenne tensión entre el negocio esmeraldero y el narcotráfico en Colombia, donde el retorno de antiguos capos ha reavivado reclamos sangrientos por información y bienes acumulados durante sus ausencias. Mientras las autoridades profundizan en las conexiones de las víctimas con estructuras criminales, el caso promete revelar más sobre las sombras que acechan el corazón verde de la economía ilegal del país.
