La activista y creadora de contenido Fanny Esperanza cuestionó con dureza las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, de siete años y con hemofilia, ocurrida el 8 de febrero tras un accidente en bicicleta que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. En un video compartido en su cuenta de Instagram (@fanny_esperanza7) durante la madrugada del 18 de febrero de 2026, Esperanza rechazó la atribución de responsabilidad a la familia por supuestas fallas en la prevención, y enfatizó las deficiencias en el suministro de medicamentos para hemofilia, que el menor no recibía desde hacía dos meses, dejando sin conocimiento al niño por cinco minutos tras la caída.
El debate se intensificó tras el Consejo de Ministros del 16 de febrero de 2026, donde Petro relató la cronología del caso: una solicitud de cambio de ciudad en diciembre, traslado en avión a Bogotá, sospecha de muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio, con la familia regresando antes de lo previsto de un cambio en Huila y el gobierno asumiendo los costos del tratamiento. La madre de Kevin rechazó la cirugía recomendada, según se detalló, pero la activista apuntó a una «mafia de los medicamentos» y trabas en las entregas, criticando a congresistas por no intervenir en el sistema de salud.
Polémica por la responsabilidad y la confidencialidad médica
Las declaraciones oficiales generaron una ola de controversia al enfatizar la prevención familiar por encima de la falta de fármacos. Petro afirmó que «obviamente, la familia, si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención», mientras Jaramillo agregó que «es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorragiante grave». Fanny Esperanza respondió directamente: «¡No, presidente, esto no es un tema solamente de prevención!», y profundizó: «Y es inaceptable que desde el poder se lance esa afirmación. No es posible que responsabilicemos a una familia, a una madre, por permitir que su hijo viva su infancia, porque Kevin tenía siete años, cuando la realidad es que ese niño tenía una condición médica, llevaba dos meses sin recibir medicamentos para poder tratarla».
«Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información.»
Francisco Barbosa, exfiscal general
La revelación de la historia clínica por parte de Petro en el Consejo de Ministros ha sido calificada como violación a la confidencialidad, protegida por la Resolución 1995 de 1999 y la Ley 2015 de 2020, generando acusaciones de delito y demandas de investigación sobre las fallas en la entrega de medicamentos. Organizaciones como Médicos de Colombia han criticado al presidente por «insistir en hacer todo mal en el caso de Kevin… ignora el hecho fundamental: Que la falta del medicamento es lo crítico», en medio de un llamado general a revisar el sistema de salud colombiano.
Este caso expone tensiones profundas en la atención a enfermedades crónicas como la hemofilia, donde la prevención familiar choca con las carencias estructurales, dejando en el aire preguntas sobre la responsabilidad del Estado y la protección de datos sensibles de menores.
