Una jueza de Bogotá rechazó el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía General de la Nación para cerrar el proceso penal contra el empresario Carlos Mattos, relacionado con salidas irregulares de la Cárcel La Picota en 2022. La decisión se basó en la falta de requisitos legales, ausencia de sustento probatorio suficiente y la falta de proporcionalidad en la reparación ofrecida, que consistía en la entrega de dos camionetas Hyundai Staria Turbo Diesel y una motocicleta KTM 250 Adventure modelo 2025, valoradas en un total de 360 millones de pesos, de los cuales una camioneta estaba tasada en 182 millones para la Fiscalía y la motocicleta en 25 millones.
La negociación proponía entregar una de las camionetas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), reconocido como víctima en el proceso, aunque esta entidad había aceptado la propuesta. Sin embargo, la jueza cuestionó la idoneidad de la reparación frente al daño causado, incluyendo el impacto reputacional y el derecho de las víctimas a conocer la verdad procesal. Además, la Fiscalía no acreditó una mínima afectación a bienes jurídicos colectivos ni presentó elementos probatorios sólidos para justificar la aplicación del principio de oportunidad en delitos como peculado por uso y prevaricato por omisión, que podrían conllevar hasta siete años de prisión si prospera la acusación formal.
Antecedentes de las salidas irregulares
Las salidas irregulares de Carlos Mattos desde La Picota fueron reveladas en 2022 por Noticias Caracol, involucrando a funcionarios del Inpec que actuaron como conductores y escoltas. Este episodio se suma a las dos condenas previas del empresario por corrupción judicial en el caso Hyundai, lo que agrava su situación legal. La defensa de Mattos había impulsado el acuerdo con la entrega de bienes al Estado, pero la jueza determinó que no cumplía con las causales legales establecidas.
Con esta negación, el proceso continúa su curso normal, obligando a la Fiscalía a corregir las deficiencias identificadas para intentar un nuevo acuerdo o avanzar hacia una acusación formal contra Mattos. El caso resalta las rigurosas exigencias judiciales para mecanismos alternativos que busquen agilizar la justicia sin comprometer la proporcionalidad y la reparación integral a las víctimas.
