Ingrid Carolina Plata Navas, amiga cercana de la primera dama Verónica Alcocer, firmó tres contratos por prestación de servicios con la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre) por un valor superior a los 719 millones de pesos, iniciando desde agosto de 2022, justo después de la posesión del presidente Gustavo Petro. Estos contratos, adjudicados de manera directa, corresponden a labores de apoyo en protocolo y logística para actividades en el Palacio de Nariño, la Hacienda Hato Grande en Sopó y la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena. El primero se suscribió el 26 de agosto de 2022 por 70.808.710 pesos, mientras que el segundo, del 16 de diciembre de 2022 y con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2024, ascendió a 482.480.725 pesos.
Los pagos por estos contratos sumaron 9.834.543 pesos en los últimos 15 días de diciembre de 2022, 243.109.908 pesos durante 2023 con un promedio mensual de 20.259.159 pesos, y 229.536.274 pesos en 2024 a razón de 20.866.934 pesos mensuales durante once meses. Plata Navas, casada con Danilo Romero, quien es compadre del presidente Petro y tiene vínculos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, no reportó conflictos de interés ni mencionó a su esposo en su declaración ante la Función Pública. Además, figura en un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por transferencias económicas provenientes del presidente.
Experiencia previa y contratos vigentes
La contratista acredita experiencia en empresas como Carbones de Toledo S.A., propiedad de su esposo, Supra Assets SAS y Rumbos Ltda., y sus contratos con el Dapre permanecen vigentes durante el gobierno de Petro. En su declaración patrimonial de 2024, reportó ingresos por 401.725.000 pesos, ahorros de 20 millones y bienes por 700 millones, incluyendo 100 millones en muebles e inmuebles por 600 millones. Las adjudicaciones ocurrieron días después de la posesión presidencial en agosto de 2022, según información revelada por el periódico El Tiempo a partir de datos abiertos, plataformas públicas y portales de transparencia.
Este caso genera interrogantes sobre la transparencia en la contratación pública en el Palacio de Nariño, especialmente por las cercanías personales con la primera dama y el presidente, en un contexto donde no se declararon posibles conflictos de interés pese a los lazos familiares y las menciones en informes financieros oficiales.
