Enrique Cumbalaza, reconocido líder indígena y defensor de derechos territoriales del Pueblo de los Pastos, fue asesinado a balazos por varios hombres encapuchados y armados en el resguardo indígena El Gran Cumbal, en el municipio de Cumbal, Nariño. El hecho ocurrió alrededor del mediodía del martes 17 de febrero de 2026, en un contexto marcado por su incansable labor en la defensa del territorio ancestral y la persistente impunidad que azota la región.
Cumbalaza, quien durante más de 30 años fortaleció los procesos organizativos del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) desde su territorio, se convirtió en la nueva víctima de la violencia contra líderes sociales. Hace apenas cuatro años, su hermana Carmen Ofelia Cumbalaza fue asesinada en circunstancias similares, un caso que permanece sin esclarecer ni judicializado, lo que ha generado una denuncia generalizada sobre cómo la impunidad alimenta la repetición de estos crímenes.
Indignación y exigencias de justicia
La comunidad de Cumbal y diversas organizaciones sociales han expresado una ola de rechazo e indignación por el asesinato, exigiendo a las autoridades la identificación y judicialización de los autores materiales e intelectuales, así como garantías de protección colectiva para los líderes indígenas. Damaris Cumbalaza, familiar de la víctima, ha sido una de las voces más contundentes en esta exigencia.
«No aceptaremos más silencio, ni dilaciones, ni expedientes archivados. La justicia debe actuar con contundencia, porque la vida de nuestros líderes no es negociable y la memoria de Enrique Cumbalaza exige verdad, justicia y no repetición»
Damaris Cumbalaza, familiar
Por su parte, las autoridades locales también han reaccionado ante el suceso, subrayando la necesidad de salvaguardar la vida en el territorio.
«la protección de la vida es un principio fundamental que debe garantizarse sin excepción ni discriminación alguna»
Héctor Andrés Tapie Alpala, alcalde de Cumbal; Doris Tapie, gestora social
Este nuevo crimen pone en evidencia la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en Nariño y refuerza la urgencia de medidas efectivas contra la impunidad, en un momento en que la memoria colectiva de Cumbal clama por justicia integral y el fin de la violencia sistemática contra sus líderes.
