En la vereda Helechales, zona rural de Toledo, Antioquia, el Clan del Golfo ha intensificado su control sobre ganaderos y comerciantes al convocar una reunión obligatoria mediante mensajes amenazantes en redes sociales, donde se comunicó un aumento en las cuotas de extorsión. Presuntamente liderada por alias Mateo, cabecilla de la estructura, la cita reciente obligó a cerca de 20 personas a asistir bajo pena de represalias, según información de inteligencia revelada por el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de Policía Antioquia. Los pagos deben realizarse en efectivo durante los primeros cinco días de cada mes directamente a miembros del Clan, justificando el incremento por «circunstancias de seguridad» en la zona.
Las nuevas tarifas fijan en 200.000 pesos mensuales para ganaderos con más de 50 reses, mientras que aquellos con menos cabezas deben pagar entre 100.000 y 150.000 pesos. Este mecanismo de cobro refleja el dominio financiero que grupos armados ilegales ejercen sobre comunidades rurales en el norte de Antioquia, donde el incumplimiento conlleva amenazas de desplazamiento forzado, robo de ganado o incluso muerte. Ninguno de los asistentes ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía por temor a represalias, aunque se evalúa la posibilidad de denuncias anónimas.
Contexto de violencia y diálogos de paz
El anuncio se produce en medio de la reanudación de diálogos de paz entre el Clan del Golfo y el Gobierno nacional, suspendidos el 4 de febrero y retomados el 17 de febrero tras una reunión de emergencia el 9 del mismo mes. La zona enfrenta una disputa territorial con el frente 18 de las disidencias de las Farc, que también exige extorsiones, agravando la inseguridad. En respuesta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lideró un consejo de seguridad en Toledo el 17 de febrero de 2026 para fortalecer investigaciones y elevar recompensas, que alcanzan hasta 500 millones de pesos por alias Ramiro y Macho Viejo.
«El año pasado fue un año muy violento para ellos; en especial, los homicidios se concentraron en San Andrés de Cuerquia e Ituango. Este año a la fecha registran tres muertes violentas de más respecto al mismo periodo del año anterior. Hay un gran trabajo por destacar de la fuerza pública, el Ejército, la Policía, pero nosotros necesitamos una acción judicial más disuasiva»
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia
La escalada de extorsiones subraya los desafíos persistentes en Antioquia pese a los esfuerzos institucionales, donde la fuerza pública ha intensificado operativos, pero la ausencia de una respuesta judicial contundente limita el impacto contra estas estructuras criminales.
