El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este jueves 19 de febrero a manifestaciones en distintas ciudades del país, frente a las sedes del poder judicial, tras la suspensión provisional del decreto que fijaba un incremento del 23% en el salario mínimo para 2026. La invitación se hizo a través de un mensaje en la cuenta oficial de X de la Presidencia, donde se denomina el ajuste como vital y responsable, basado en estudios técnicos para garantizar un ingreso digno a los trabajadores. Sin embargo, tres organizaciones —Transparencia por Colombia, Fundación Mujeres por la Democracia y Fundación para el Estado de Derecho— emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que esta convocatoria busca presionar a la justicia, al presentar a los jueces como enemigos de los derechos fundamentales y promover manifestaciones contra sus decisiones.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto gubernamental, no por oponerse al aumento salarial en sí, sino porque cuestionó los criterios técnicos usados en su cálculo, concluyendo que no se ajustaban a los parámetros legales exigidos. Las organizaciones aclararon que el alto tribunal exigió al Gobierno presentar un nuevo decreto con cálculos que sigan los parámetros obligatorios según la ley, hasta que se emita un nuevo acto administrativo. A pesar de que el Gobierno manifestó acatamiento a la decisión, el llamado a las calles generó preocupación por posible instrumentalización de la protesta social, reconocida como legítima por las entidades, pero cuestionada cuando se dirige contra fallos judiciales.
Advertencia sobre separación de poderes
En su pronunciamiento, las tres fundaciones enfatizaron que el llamado presidencial a la ciudadanía para ejercer presión sobre los jueces, cuando sus decisiones no se alinean con la visión del Ejecutivo, atenta contra el principio de separación de poderes y pone en riesgo la independencia del poder judicial y de las otras ramas del poder público. Recordaron un episodio similar en febrero de 2024, cuando Petro convocó una movilización contra la Corte Suprema de Justicia por el proceso de elección del Fiscal General, lo que avivó debates sobre los límites de la protesta en el marco democrático.
«Fue decretado con estudios técnicos y criterios económicos responsables, para garantizar que las y los trabajadores cuenten con un ingreso digno (…) Invitamos al pueblo trabajador a las calles a expresarse»
Presidencia de la República, cuenta oficial en X
«El Consejo de Estado no falló en contra del aumento que decretó el gobierno, sino acerca de los criterios técnicos con los que lo calculó, sobre los que concluyó que no se ajustan a los que exige la ley, de manera que le exigió al gobierno que presente un nuevo decreto con un cálculo que siga los parámetros obligatorios según la ley»
Transparencia por Colombia, Fundación Mujeres por la Democracia y Fundación para el Estado de Derecho, comunicado conjunto
Las organizaciones instaron al Gobierno a respetar la autonomía judicial y no instrumentalizar las protestas legítimas contra decisiones judiciales, subrayando que en la respuesta presidencial, disfrazada de acatamiento, se hace ver a los jueces como adversarios del pueblo y se posicionan las manifestaciones como la respuesta democrática natural ante supuestos abusos. Este episodio reaviva tensiones institucionales en Colombia, donde el equilibrio entre poderes sigue siendo un tema candente.
«En la respuesta del presidente a la decisión judicial, que se presenta como un anuncio de acatamiento, hay un llamado a la ciudadanía a ejercer presión sobre el funcionamiento y las decisiones del poder judicial. El presidente hace ver a los jueces como enemigos del ejercicio y del respeto de los derechos fundamentales de los colombianos, y muestra las manifestaciones contra ellos como la respuesta popular natural y democrática ante sus abusos»
Transparencia por Colombia, Fundación Mujeres por la Democracia y Fundación para el Estado de Derecho, comunicado conjunto
«Que el poder ejecutivo llame a la ciudadanía a ejercer presión sobre los jueces, cuando sus decisiones no se ajustan a la visión o a la voluntad del presidente, atenta contra el principio de la separación de poderes y pone en riesgo la independencia del poder judicial y de las otras ramas del poder público»
Transparencia por Colombia, Fundación Mujeres por la Democracia y Fundación para el Estado de Derecho, comunicado conjunto
