Los Ministerios de Defensa y Justicia de Colombia han anunciado recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura y judicialización de los responsables de delitos electorales durante los comicios de 2026, en el marco de la campaña “Seguridad y Democracia 2026”. Esta iniciativa busca combatir prácticas como la violencia, las amenazas, la compra de votos, el fraude y la suplantación de identidad en los puestos de votación de todo el país, con miras a garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones para el Congreso de la República y el sucesor del presidente Gustavo Petro, a partir del 7 de agosto.
Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial las 24 horas a través de la línea nacional anticorrupción 157 o el correo electrónico Dijin.arlian-157@policia.gov.co, promoviendo así la vigilancia ciudadana y la participación responsable para fortalecer la confianza en el sistema electoral. Expertos como Antonio Parra, abogado y docente de la Universidad de La Sabana, han destacado la importancia de esta medida en el contexto de las tres jornadas electorales programadas para 2026, donde se elegirán tanto legisladores como el nuevo mandatario.
Delitos tipificados y sanciones severas
Los delitos abarcan desde la violencia, amenazas o constreñimiento al votante, hasta el fraude al sufragante, la perturbación del certamen democrático con violencia, el tráfico de votos, la corrupción de sufragante, el voto fraudulento, la alteración de resultados y el favorecimiento de voto fraudulento, todos regulados por la Ley 1864 de 2017 y artículos del Código Penal como el 386, 388, 390, 390A, 391, 392 y 394. Las penas de prisión oscilan entre 4 y 9 años para casos de violencia, amenazas o tráfico de votos; de 4 a 8 años para fraude al sufragante, corrupción de sufragante o voto fraudulento; y de 6 a 12 años para perturbación con violencia, con multas que van desde 50 hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) según el delito, llegando hasta 1.200 SMLMV en los más graves como el tráfico de votos.
Estas sanciones se agravan si participan servidores públicos, hay subordinación, uso de programas sociales o recursos estatales, e incluyen inhabilitaciones por el doble del tiempo de la pena en casos de favorecimiento. La campaña no solo busca desarticular redes criminales que amenazan la democracia, sino también alentar a los ciudadanos a reportar irregularidades de forma verificable, asegurando así procesos electorales limpios en un año clave para el futuro político del país.
