La deuda acumulada de las EPS intervenidas con las Subredes Integradas de Servicios de Salud (SISS) del Distrito Capital de Bogotá alcanzó los 307 mil 561 millones de pesos a noviembre de 2025, según una misiva enviada el 23 de enero de 2026 por Gerson Orlando Bermont Galavis, secretario distrital de Salud, dirigida a Bernardo Armando Camacho, superintendente nacional de Salud. El documento, publicado por El Tiempo, revela que el 86,5 por ciento de esta cartera neta radicada, equivalente a 215 mil 431 millones de pesos, se concentra en Nueva EPS, Famisanar y Coosalud, lo que pone en riesgo la continuidad de los servicios hospitalarios en la capital. El alcalde Carlos Fernando Galán había señalado previamente una deuda aproximada de 300 mil millones de pesos, subrayando la gravedad de la situación.
De esta deuda total reconocida, 58 mil 466 millones de pesos corresponden a anticipos y giros directos, representando el 19 por ciento, mientras que la cartera neta pendiente asciende a 249 mil 96 millones de pesos. Además, se identificaron 46 mil 500 millones de pesos en facturación sin radicar, particularmente en las tres EPS intervenidas, debido a inconsistencias en autorizaciones y validaciones incompletas, lo que agrava la presión financiera sobre las subredes públicas.
Impacto operativo y solicitud de soluciones
El documento advierte que esta restricción de liquidez afecta gravemente la gestión cotidiana de las SISS, impactando la capacidad de pago a proveedores, el talento humano, los servicios tercerizados y la continuidad de la atención en salud. Las EPS intervenidas por el Gobierno nacional generan una concentración de riesgo que amenaza la operatividad del sistema, por lo que la Secretaría de Salud solicita giros directos, acuerdos de pago calendarizados, compromisos verificables y planes de saneamiento financiero para mitigar la crisis.
Esta situación pone en jaque la prestación de servicios esenciales en Bogotá, exigiendo una intervención urgente de la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la estabilidad del sector y evitar interrupciones en la atención hospitalaria que podrían derivar en emergencias sanitarias para miles de ciudadanos.
