El abogado Andrés Felipe Londoño ha cuestionado el decreto expedido por el Ministerio del Trabajo que fija el salario mínimo para 2026 en 1.750.905 pesos, con un aumento del 23 por ciento respecto al año anterior. Según Londoño, este documento reconoce abiertamente que solo el 13,6 por ciento del incremento se basa en los criterios establecidos por la Ley 278 de 1996, mientras que el restante 9,4 por ciento proviene de factores adicionales definidos de manera discrecional por el Gobierno nacional, en cumplimiento de una orden del Consejo de Estado que exigía una motivación detallada del cálculo.
El decreto, aplicable en todo Colombia a partir de 2026, beneficia directamente a 2,4 millones de trabajadores y surge en medio de un proceso judicial en curso ante el Consejo de Estado, que evalúa la legalidad de la metodología empleada en incrementos previos. Los factores económicos tradicionales de la Ley 278 de 1996, como la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento económico, suman ese 13,6 por ciento, pero el Gobierno argumenta que el adicional busca cerrar la brecha estructural con las necesidades básicas, según estándares de la OIT, promover la justicia social y considerar indicadores del Dane y el Banco de la República, posicionando el salario mínimo como un instrumento clave para la distribución del ingreso.
Críticas por discrecionalidad en el cálculo
Londoño, en un análisis publicado en su cuenta de X (@londod7), denuncia que el decreto interpreta la sumatoria de los elementos legales como un piso mínimo y no como el resultado objetivo, introduciendo valoraciones cualitativas y mixtas que permiten componentes arbitrarios.
«Reconoce abiertamente que de acuerdo con los criterios de la Ley 278/96, el aumento debió ser de máximo 13,6%».
Andrés Felipe Londoño, abogado
El jurista acusa al Gobierno de omitir un análisis de las consecuencias de segundo orden del impacto normativo y de aplicar esta metodología basada en la discrecionalidad de la «justicia social» precisamente antes de un año electoral, algo que no ocurrió en años anteriores de la misma administración.
«Reconoce abiertamente que gran parte del aumento (9,4%) obedece a una interpretación absolutamente discrecional y arbitraria que califica como ‘complementaria a los parámetros legales’».
Andrés Felipe Londoño, abogado
«Consagra la utilización de valoraciones ‘cualitativas y mixtas’ para introducir los componentes arbitrarios de la fijación del aumento del salario mínimo. En esas ‘valoraciones’ cabe cualquier patraña para fundamentar el aumento».
Andrés Felipe Londoño, abogado
Este debate pone en el centro la tensión entre los parámetros legales estrictos y las políticas de equidad social impulsadas por el Ejecutivo, mientras el Consejo de Estado decide sobre la validez de la fórmula utilizada, en un contexto donde el salario mínimo se erige como herramienta esencial para garantizar un ingreso suficiente y reducir desigualdades estructurales en el país.
«Justo les dio por aplicar esa metodología de cálculo basada en la discrecionalidad de la ‘justicia social’ antes de un año electoral, pero no en los años anteriores del mismo gobierno».
Andrés Felipe Londoño, abogado
