El Gobierno nacional, liderado por los ministros de Defensa Pedro Sánchez y del Interior Armando Benedetti junto a la cúpula militar, anunció un refuerzo militar con cerca de 200 uniformados en la región metropolitana de Barranquilla para enfrentar la ola de violencia generada por sicariato, extorsión y microtráfico. Esta medida se tomó recientemente, tras un fin de semana marcado por el Carnaval de Barranquilla, donde se registraron más de 20 homicidios, en municipios como Malambo, Barranquilla, Galapa, Puerto Colombia y Soledad.
Durante un consejo de seguridad realizado en Malambo con líderes comunales del área metropolitana, se identificaron las problemáticas principales planteadas por las comunidades, como la necesidad de mayor presencia institucional ante el aumento de homicidios, sicariato, hurtos, microtráfico y extorsiones, muchas de ellas coordinadas desde cárceles y derivadas de disputas territoriales por rutas de narcotráfico. El despliegue incluye más de 200 uniformados de policía comunitaria, más de 60 agentes especializados en infancia y adolescencia, así como el Gaula Militar del Ejército Nacional con patrullas motorizadas en puntos estratégicos, operativos conjuntos y talleres de autoprotección para líderes y comunidades.
Énfasis en la denuncia y prevención
Las autoridades pusieron especial énfasis en la denuncia oportuna por parte de las víctimas y en la realización de conferencias, charlas y talleres dirigidos a la población para fomentar la autoprotección. Este refuerzo busca mitigar la violencia que persiste en el departamento del Atlántico, donde el alto consumo de sustancias ha fomentado mafias y disputas territoriales.
“Barranquilla sigue en problemas con sicariato y lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones. La demanda del alto consumo ayuda a que haya más violencia, porque eso crea mafia y eso trae la violencia”
Armando Benedetti, Ministro del Interior
Con esta intervención integral, el Gobierno nacional busca restaurar la seguridad en una de las zonas más afectadas por la criminalidad organizada, respondiendo directamente a las demandas de las comunidades locales por una presencia estatal más efectiva y sostenida.
