El Consejo Gremial Nacional ha solicitado de manera urgente la intervención de las autoridades competentes ante la huelga indefinida iniciada por el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) en la Electrificadora de Santander (Essa), filial del Grupo EPM, un paro que amenaza con afectar el servicio eléctrico a 958.000 usuarios en Bucaramanga y Barrancabermeja, Santander. La movilización comenzó el pasado 20 de febrero a las 7:00 de la mañana, con el sellamiento de áreas no esenciales por parte de los trabajadores, mientras se pide garantía para la continuidad del servicio esencial.
El Ministerio del Trabajo ha acompañado el proceso de sellamiento de oficinas administrativas, en un contexto de fracaso de las mesas de diálogo previas que contaron con la participación de los Ministerios de Trabajo y Minas y Energía, así como de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las diferencias radican principalmente en el incremento salarial y las condiciones de seguridad para el personal operativo, lo que ha llevado al sindicato a esta medida de presión pese al reconocimiento constitucional del derecho a la huelga, siempre que se protejan los servicios públicos esenciales.
Usuarios en riesgo y áreas intervenidas
Entre los potencialmente impactados se encuentran hogares rurales, usuarios de prepago, centros de salud, hogares geriátricos, instituciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) e instituciones educativas, cifras que subrayan la gravedad de la situación según el pronunciamiento del Consejo Gremial. En Bucaramanga se sellaron el área legal, la Secretaría General y auditoría, mientras que en Barrancabermeja quedaron intervenidas la atención técnica de clientes y la oficina de reducción y control de energía.
Llamados del sector y posibles sanciones
La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) se ha pronunciado llamando a evitar afectaciones a los usuarios finales, en sintonía con la petición del Consejo Gremial por una intervención inmediata. Las autoridades podrían iniciar investigaciones administrativas y aplicar sanciones en caso de interrupciones en el servicio, priorizando la continuidad eléctrica para la población vulnerable en medio de este conflicto laboral.
