El ministro de Hacienda convocó este lunes 23 de febrero en Bogotá a los presidentes de los principales bancos del país para una reunión en la que les informó sobre los alcances de un decreto que obligaría a destinar un porcentaje de los depósitos a créditos dirigidos a sectores estratégicos como el agro, el turismo, la economía popular y la atención de emergencias por la temporada de lluvias. Esta medida busca redirigir recursos del sistema financiero hacia áreas que presentan financiamiento insuficiente por parte del mercado tradicional.
La convocatoria se enmarca en el Pacto por el Crédito suscrito en 2024 entre el Gobierno y el sector financiero, con una duración de 18 meses, mediante el cual se han acumulado giros por 214 billones de pesos hasta comienzos de 2026, alcanzando cerca de cuatro quintas partes de la meta establecida. Si bien sectores como la vivienda e infraestructura han superado sus objetivos, el agro, el turismo y la manufactura no han cumplido completamente, lo que motiva esta nueva intervención estatal que incluye herramientas como tasas compensadas donde el Estado asume parte del interés, entidades de desarrollo, programas públicos y líneas específicas para pequeños productores y emprendimientos populares.
Críticas por riesgos a la estabilidad financiera
La noticia, conocida inicialmente por el medio La FM, ha generado críticas de Asobancaria, liderada por su presidente Jonathan Malagón, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y exministros de Hacienda, quienes advierten sobre posibles riesgos para la estabilidad del sistema financiero, incluyendo un aumento estimado de las tasas promedio de medio a un punto porcentual. Hasta el momento, los gremios no se han pronunciado sobre su asistencia a la reunión, en medio de una discusión más amplia sobre la declaratoria de emergencia económica por la ola invernal y un faltante fiscal de varios billones de pesos.
Entre las posibles consecuencias de este decreto se destacan efectos en el crédito de consumo, vivienda y empresarial, así como una alteración del equilibrio general del sistema financiero, lo que pone en el centro del debate la tensión entre las necesidades de sectores productivos y la salud de las entidades bancarias.
