La política colombiana está atrapada más por exceso de comodidades que por falta de acuerdos. Más que miedo al cambio, lo que existe es temor a perder el control
Esta no es una pelea entre izquierda y derecha. Es entre la zona de confort y la incertidumbre.
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Somos un país extraño: todos los dirigentes aseguran que el sistema político está mal, pero todos logran sobrevivir dentro de él. Cambian los discursos, cambian los gobiernos y cambian las mayorías, pero las reglas reales permanecen intactas. No es casualidad ni falla del modelo. Es la señal de que, detrás de la pelea pública, existe una zona de comodidad que casi nadie está dispuesto a poner en riesgo.
Por años se ha hablado de crisis institucional en Colombia. Tal vez el problema no sea la crisis. Es la estabilidad que produce vivir dentro de las instituciones. Gobierno, Congreso, partidos políticos y organismos de control parecen enfrentarse todos los días, pero rara vez ponen en peligro el equilibrio que les permite coexistir. Por eso las reformas profundas siempre se anuncian… y siempre se aplazan.
Nada esencial cambia. No por falta de diagnósticos ni por desconocimiento de lo que deba corregirse. Nada cambia porque el sistema sí funciona. Y cuando un sistema funciona para todos los que tienen poder, la reforma deja de ser una necesidad y se convierte en un riesgo.
Tenemos un sistema político que funciona porque nadie gana del todo… pero todos ganan algo. Ganan los presidentes y altos dignatarios juzgados por una Comisión de Acusaciones que históricamente produce absoluciones; ganan los congresistas que, a través de los llamados cupos indicativos, participan en la definición de los presupuestos regionales; ganan los gobiernos que entregan entidades a sus socios políticos como botín burocrático; ganan los partidos protegidos por reglas electorales hechas a su medida.
El statu quo sirve para todos: al gobierno para negociar, al Congreso para cogobernar, a los órganos de control que nacen del mismo sistema que vigilan, a la oposición que necesita un contradictor permanente e incluso a los candidatos antisistema interesados en que nada cambie su discurso. Aquí perder elecciones no implica derrota porque siempre habrá una salida para coexistir y sacar provecho cuando llegue la hora de equilibrar cargas al repartir el poder.
Entonces la estabilidad que se debería alcanzar con instituciones fuertes surge de intereses alineados. Colombia no se paraliza por ausencia de consensos; se paraliza por la abundancia de aquiescencias silenciosas. Antes una derrota significaba desaparecer; hoy fracasar en las urnas no implica perder influencia, presupuesto ni protección.
Hace rato la política dejó de ser competencia y pasó a ser administración de cuotas. Ya no es la lucha por el poder, es la gestión del poder compartido. Por eso quienes hablan de cambios reales terminan convertidos en amenaza.
Ahí aparece la constituyente. Se invoca en los discursos, se rechaza en los comunicados y se le teme en privado y en público. No por amor a la Constitución vigente. Se explica por miedo a perder las certezas que el sistema garantiza. Sea cual sea el origen ideológico de quien la propone, la sola idea de una constituyente enciende alarmas, activa el debate mediático y diluye cualquier análisis profundo en advertencias sobre sus riesgos.
Durante tres décadas la política ha ajustado a conveniencia las reglas sin reformarse a sí misma: revivió suplencias en el Congreso, transformó los auxilios parlamentarios en cupos indicativos, bloqueó reformas electorales profundas y moldeó el sistema para proteger a quienes ya están dentro. No temen una constituyente por radical… la temen por impredecible. Porque rompería el pacto tácito de protección mutua.
Una transformación auténtica no distingue ideologías: afecta al gobierno, incomoda a la oposición y desordena a los partidos y a las empresas electorales. Obliga a competir de verdad y a aceptar derrotas reales.
Por eso el debate sobre una constituyente no es realmente ideológico. No divide al país entre izquierda y derecha, sino entre comodidad e incertidumbre. Quienes hoy se enfrentan en público comparten, en privado, el mismo temor: abrir un proceso cuyo resultado no puedan controlar. Porque una reforma ordinaria permite negociar; una constituyente obliga a competir. Y competir de verdad significa aceptar que el poder puede cambiar de manos sin garantías previas.
No es casual que cada vez que alguien pronuncia en público la palabra “constituyente”, la reacción inmediata sea el rechazo casi unánime del establecimiento. Más allá de los argumentos jurídicos, el temor es político: ¿quién controlaría ese órgano extraordinario y con qué mayorías? Una constituyente no es una reforma más; es un escenario sin red, donde pueden reabrirse discusiones que el sistema ya daba por cerradas. La experiencia de 1991 dejó una lección imborrable: incluso los elegidos pueden perder su asiento cuando las reglas cambian de raíz. Y esa posibilidad —con todas sus consecuencias políticas y económicas— sigue siendo un fantasma que ronda cada vez que se habla de volver a empezar.
Ahí está la verdadera explicación de nuestra estabilidad política: no nace de instituciones sólidas, sino del miedo compartido a lo desconocido. El sistema colombiano no se mantiene porque funcione bien para el país, sino porque funciona lo suficientemente bien para quienes viven dentro de él. Y mientras la mayor amenaza siga siendo la incertidumbre, la reforma siempre será un discurso… nunca una decisión.
En Colombia todos hablan de cambiar el sistema, pero el sistema está diseñado para que nadie quiera cambiarlo de verdad.
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