En una audiencia reciente celebrada en una sala judicial de Barranquilla, la fiscal asignada al caso acusó al abogado Jhonny Mercado, quien también es la víctima en el proceso, de presunta intimidación durante la discusión de una solicitud de preclusión, pero minutos después se retractó de sus declaraciones ante el juez. El incidente ocurrió en medio de los trámites para trasladar el caso de amenazas contra Mercado a Bogotá, motivado por las demoras y la falta de avances en la investigación en esa jurisdicción.
La fiscal manifestó ante el juez que Mercado había visitado su despacho desde el primer día para intimidarla, alegando que le advirtió sobre problemas si no procedía con la preclusión, pero tras la intervención del abogado de las víctimas, Carlos Arturo Gómez Pavayu, la funcionaria aclaró su posición. Mercado negó rotundamente haber ido a su oficina, y la fiscal terminó reconociendo que no se sintió amenazada, lo que llevó al juez a pedir copias de la solicitud de reasignación elevada al Fiscal General a través del Grupo de Trabajo de Asignaciones Especiales, así como otros documentos relevantes, mientras advertía a las partes sobre el respeto mutuo y prohibía más discusiones sobre el tema.
Demoras crónicas en la investigación
El caso se arrastra desde 2020, con solicitudes reiteradas de atención que no han prosperado, un año y medio sin actividad de la Policía Judicial y ocho aplazamientos de audiencias atribuidos a la funcionaria. Mercado ha alegado el extravío de evidencias y la falta de garantías procesales en Barranquilla, lo que impulsó la petición de traslado a la capital del país, aunque el proceso permanece en suspenso a la espera de decisión superior.
“Desde el día uno que me la asignaron, la víctima fue a mi despacho a intimidarme, diciéndome que si yo no sabía quién era él, que si yo hacía la preclusión íbamos a tener problemas”
Fiscal de Barranquilla
“Yo no estoy diciendo que me sentí amenazada, doctor”
Fiscal de Barranquilla
El fondo del expediente gira en torno a presuntas amenazas de muerte contra el abogado Jhonny Mercado, presuntamente orquestadas por Rafael Matera y sus familiares. Matera ha sido mencionado por la Sala de Justicia y Paz por su presunta financiación a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y vinculado también por el exsenador Álvaro Ashton, lo que añade gravedad y complejidad al caso que ahora pende de una resolución para su posible reasignación.
