La senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció este fin de semana posibles irregularidades en dos contratos adjudicados directamente por Colpensiones y Rtvc por un valor total de 60.111 millones de pesos destinados a mercadeo, estrategia comercial y publicidad. A través de su cuenta oficial en la red social X, la legisladora alertó sobre presuntas violaciones al principio de anualidad presupuestal y al límite legal de adiciones superiores al 50 por ciento del valor inicial, solicitando una investigación urgente por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Los contratos en cuestión fueron otorgados el 15 de diciembre de 2023 por Colpensiones y el 16 de julio de 2024 por Rtvc, sin procesos de licitación pública.
El primer contrato, suscrito por Colpensiones con un valor inicial de 13.804 millones de pesos y plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, ha recibido adiciones significativas que superan ampliamente el límite legal: 6.000 millones el 25 de junio de 2024, 11.252 millones el 23 de diciembre de 2024 y 6.300 millones proyectados para el 29 de agosto de 2025, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Por su parte, el contrato de Rtvc, por 9.795 millones de pesos con plazo inicial hasta el 30 de junio de 2025, también fue prorrogado hasta fin de año. Estas extensiones a múltiples vigencias y adiciones que exceden el 100 por ciento del monto original, según la denuncia, comprometen recursos de 2023, 2024 y 2025 en adjudicaciones de fin de año que violan el principio de anualidad, el cual exige programar los gastos por cada ejercicio fiscal de manera independiente.
Contratos paralelos con objetos similares generan sospechas de despilfarro
Colpensiones, entidad encargada de administrar el régimen de prima media en el sistema de pensiones colombiano, y Rtvc, el sistema de medios públicos responsable de la producción y difusión audiovisual y radial, mantienen en ejecución paralela estos dos contratos con objetos idénticos de mercadeo y publicidad, adjudicados a dedo sin licitación. La senadora Valencia cuestiona esta práctica como un claro despilfarro de recursos públicos, destacando que la ley solo permite adiciones hasta el 50 por ciento del valor inicial, umbral ampliamente rebasado en ambos casos.
“Colpensiones no tenía por qué ejecutar un contrato de publicidad por más de un año. Amarraron el negocio para comprometer recursos de 2023 y 2024, como si se tratara de una vigencia futura. Esto violaría el principio de anualidad”
Paloma Valencia, senadora
“Se les olvidó que el principio de anualidad exige programar los gastos por cada año”
Paloma Valencia, senadora
En su publicación en X, titulada “Deben ser investigados con urgencia”, la parlamentaria subraya la necesidad de una revisión inmediata para esclarecer estas adjudicaciones irregulares que, de confirmarse, representarían un manejo cuestionable de dineros públicos en entidades clave del Estado colombiano.
