El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió este lunes 23 de febrero de 2026 la contratación directa de un bufete internacional por 10.000 millones de pesos para lograr su exclusión de la Lista Clinton, impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 24 de octubre de 2025. A través de su cuenta en la red social X (@petrogustavo), el mandatario justificó la decisión tomada tras una reunión extraordinaria en la madrugada del 8 de enero, argumentando su derecho a defenderse como servidor público frente a las acusaciones de irregularidades.
El contrato fue adjudicado sin licitación abierta a la firma Amadeus Consultancy Limited, cuyo titular es Daniel Kovalik, con el propósito de responder a las críticas por el uso de fondos públicos en la defensa personal ante la sanción que incluyó a Petro como persona natural en la Lista Clinton. Esta revelación inicial surgió por medio del periódico El Colombiano, lo que generó un debate sobre la legalidad del gasto y posibles violaciones a las normas de contratación pública.
Investigación de la Procuraduría y denuncias políticas
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el presidente Petro por posible detrimento patrimonial y incumplimiento de las normas de contratación pública, en medio de denuncias presentadas por el abogado Germán Ricaurte y la representante Katherine Miranda. Aunque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estaba asignada para manejar la gestión jurídica institucional, el mandatario optó por esta contratación directa, lo que ha intensificado el escrutinio sobre el manejo de recursos públicos en este caso.
«En acciones de la presidencia protegidas por leyes internacionales y nacionales del país donde se me asignan la comisión de irregularidades, tengo el derecho de defenderme como servidor público»
Gustavo Petro, presidente de la República
El episodio pone en el centro del debate público la tensión entre la defensa individual de altos funcionarios y el uso de dineros del Estado, en un contexto donde la sanción de la OFAC ha generado repercusiones tanto nacionales como internacionales para el gobierno de Petro.
