Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, ha sido implicado como intermediario clave entre la senadora Berenice Bedoya y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una investigación penal que destapa supuestas gestiones para nombramientos y contratos a cambio de apoyo legislativo durante el debate de la reforma de salud. La denuncia, presentada por Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, revela encuentros facilitados por Mejía, incluyendo una reunión clave gestionada el 10 de marzo de 2025, con el fin de asegurar el respaldo de Bedoya a iniciativas del Ejecutivo, como una adición presupuestal de más de 3.500 millones de pesos otorgada por Findeter en mayo de 2024 para la obra de acueducto en Yarumal, Antioquia.
La acusación se sustenta en documentos, capturas de chats y registros radicados ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, que detallan cómo Mejía actuó como puente para favores que beneficiaron a familiares directos de la senadora Bedoya. Entre ellos figuran su yerno Johan Steven Londoño, nombrado subgerente de proyectos en el Fondo de Adaptación; su nuera María Alejandra Torres, supervisora de proyectos en La Mojana; y sus hijos Julián David Bedoya y Jessica Valeria Casas, contratados por el Ministerio del Interior en 2025. Además, un testimonio del exasesor Sergio Mesa ante la Fiscalía apunta a que Bedoya obtuvo control sobre la Dirección Nacional de Bomberos y Finagro, con gestiones vinculadas a los ministerios de Vivienda y Findeter para monitorear licitaciones.
Denuncia expande escándalo con graves antecedentes
Esta nueva denuncia de Enciso amplía la investigación penal en curso contra Bedoya y Benedetti, ahora con diligencias por delitos como tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en contratos. Mejía, quien ya había sido señalado por filtraciones de información de la DNI a disidencias de las Farc, emerge como figura central en este entramado de supuestos favores políticos.
«existen pruebas de filtración de documentos de licitaciones a terceros interesados, con el propósito de direccionar los contratos»
Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia
El caso cobra relevancia en medio del tenso debate sobre la reforma de salud, donde el Ejecutivo buscaba consolidar apoyos legislativos a través de estos mecanismos, generando un impacto profundo en la confianza pública hacia las instituciones y abriendo interrogantes sobre la transparencia en la asignación de recursos y cargos públicos en Colombia.
