La senadora del Pacto Histórico e Isabel Cristina Zuleta, quien también funge como coordinadora de la Mesa de Paz Urbana designada por el Gobierno Nacional mediante la Resolución 452 de 2024, se presentó este lunes 23 de febrero ante el Consejo de Estado para defenderse en una audiencia por presunta pérdida de investidura. En su intervención, negó haber ejercido presión indebida sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para el traslado de los cabecillas criminales José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, desde la cárcel La Paz de Itagüí hasta la plaza de La Alpujarra en Medellín, donde participaron en un evento con el presidente Gustavo Petro el 21 de junio de 2025, conocido como el «tarimazo». Zuleta atribuyó la responsabilidad operativa exclusivamente al Inpec, que formalizó el traslado mediante la Resolución 0058 del 19 de junio, tras una solicitud escrita que ella misma remitió.
La defensa de la senadora enfatizó que su actuación se enmarcó en las potestades delegadas por el presidente Petro, y comparó su solicitud con otras realizadas por congresistas como Iván Cepeda, Roy Barreras y David Racero en procesos de diálogos de paz. Representada por su abogado Jaime Jurado Alvarán y con el respaldo del procurador delegado Carlos José Holguín Molina, Zuleta argumentó que los internos no solo asistieron al evento para dar su testimonio como ciudadanos en pro de la paz total, sino que regresaron puntualmente a su centro de reclusión, sin irregularidades en el procedimiento.
Rechazo político y demandas en curso
El traslado generó amplio rechazo entre autoridades locales, incluyendo al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón, quienes cuestionaron la decisión de exponer a líderes criminales del Valle de Aburrá en un acto público. La demanda por pérdida de investidura fue interpuesta por William Francisco Quintero Villarreal y Jhon Ernesto Pérez Becerra, quienes alegan tráfico de influencias y violación de incompatibilidades. Aunque la Procuraduría y el Ministerio Público han respaldado la posición de Zuleta, el Consejo de Estado será el encargado de decidir si procede la sanción, que implicaría el retiro definitivo de su curul en el Senado. Previamente, el concejal Andrés Tobón había presentado una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por presunta usurpación de función pública.
“Yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie, hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente”.
Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico
“Hice una solicitud respetuosa, yo no presioné de manera indebida, no llamé a nadie; hice una solicitud por escrito basada en las potestades que me delegó el señor presidente para que pudiesen participar estas personas, que como ustedes pueden constatar, no solamente salieron, dieron su testimonio como correspondía a la ciudadanía, porque la paz es de todos, sino que además volvieron a su centro de reclusión”.
Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico
“Un insulto a la inteligencia de los colombianos y una burla absoluta a la justicia”.
Andrés Tobón, concejal de Medellín
Esta audiencia representa un momento clave en la trayectoria política de Zuleta, en medio de un debate nacional sobre los límites de la participación de reclusos en procesos de paz y las atribuciones de los congresistas en tales gestiones, con el Consejo de Estado llamado a ponderar argumentos jurídicos y políticos en las próximas semanas.
