La Corte Constitucional de Colombia aprobó con modificaciones el proyecto de ley estatutaria que obliga a los congresistas a rendir cuentas al final de cada legislatura, en una sentencia emitida por el magistrado Vladimir Fernández como redactor. Esta decisión, contenida en la Sentencia C-028 de 2026, declaró inconstitucionales los apartados relacionados con la financiación y la difusión mediática, eliminando el acceso libre y gratuito a medios públicos y comunitarios, así como la responsabilidad de los legisladores o bancadas por garantizar recursos para estos espacios.
El alto tribunal determinó que dichas medidas no superan el principio de necesidad, pero consolidó la rendición de cuentas como un pilar fundamental de la democracia participativa y la transparencia. El proyecto, conocido como Ley Estatutaria 157 de 2023 en la Cámara y 273 de 2024 en el Senado, exige que cada parlamentario presente un informe de gestión en formato digital, con datos abiertos y lenguaje claro, detallando sus iniciativas legislativas, intervenciones y actividades realizadas durante el período.
Plazos y mecanismos de control ciudadano
Según la sentencia, los congresistas tendrán diez días hábiles posteriores al cierre de cada legislatura para entregar su informe, y un máximo de treinta días para convocar un espacio de diálogo público, ya sea virtual o presencial, donde expliquen su gestión y respondan preguntas de la sociedad civil. La Corte confirmó que el proyecto cumple con los requisitos constitucionales para leyes estatutarias, como los cuatro debates en una única legislatura y las mayorías absolutas necesarias.
Próximos pasos legislativos
Ahora, el texto modificado deberá regresar al Congreso de la República para realizar los ajustes ordenados por la Corte, y posteriormente al presidente de la República para su sanción final. Esta medida busca fortalecer la accountability de los representantes populares, asegurando que la ciudadanía tenga herramientas claras para evaluar su labor sin imponer cargas financieras o mediáticas excesivas que vulneren principios constitucionales.
