La Contraloría General de Santander hizo público su informe definitivo, en el que se detectaron serias deficiencias en los contratos suscritos en 2023 y 2024 entre la contratista Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander (UIS), destinados a brindar apoyo técnico al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida. Este documento, emanado de una revisión exhaustiva de legalidad en la fase precontractual, planeación, supervisión, ejecución y soportes documentales, surgió tras una denuncia del medio Metropolitano sobre presuntas irregularidades en convenios enmarcados en un acuerdo interadministrativo entre la UIS y el Ministerio del Interior. Las irregularidades se concentraron en Santander, donde opera la Contraloría y la universidad involucrada, afectando la trazabilidad, verificación de planeación y selección en procesos de contratación directa.
El informe identificó cinco hallazgos administrativos relacionados con planeación, supervisión y soportes; dos hallazgos disciplinarios; y un hallazgo fiscal por un monto de dos millones de pesos. Estos resultados provienen de un análisis detallado del estudio de conveniencia publicado en la plataforma Secop II, aportado por la UIS, que reveló fallas en la definición clara del perfil del contratista, especialmente en requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. A pesar de afirmar en el estudio que Juliana Guerrero poseía los conocimientos necesarios, esta conclusión carecía de sustento en criterios objetivos previamente establecidos.
Remisiones y recomendaciones para la UIS
Los hallazgos fueron remitidos a las instancias competentes para la implementación de planes de mejoramiento institucional, con observaciones directas a los supervisores y dependencias de la UIS. Entre las recomendaciones se destacan la mejora de procedimientos internos y mecanismos de supervisión, con el fin de fortalecer la ejecución de futuros convenios. Este escándalo adquiere mayor relevancia por la vinculación de Juliana Guerrero con el caso de falsos títulos en la Fundación Universitaria San José y su cercanía al presidente Gustavo Petro, lo que añade un contexto político a las deficiencias detectadas en el respaldo técnico y operativo al programa nacional de convivencia y prevención de conflictos.
“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control ‘UIS’ y publicado en la plataforma transaccional Secop II, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas”.
Informe de la Contraloría General de Santander
“No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con los conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.
Informe de la Contraloría General de Santander
El informe definitivo, accesible en plataformas oficiales como Secop II, subraya la necesidad de mayor rigor en los procesos contractuales de entidades públicas, especialmente en convenios interadministrativos como el suscrito entre la UIS y el Ministerio del Interior, y sirve como advertencia para evitar futuras vulnerabilidades en la gestión de recursos destinados a programas de convivencia escolar.
