El gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene negociaciones intensas con el sector financiero, lideradas por el superintendente Financiero César Ferrari y el ministro de Hacienda Germán Ávila, para explorar alternativas a las inversiones forzosas destinadas a mitigar la crisis económica provocada por las intensas lluvias en el norte de Colombia. En un encuentro clave realizado el 23 de febrero con líderes como Hernán Alzate Arias, presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AMV), y Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se discutieron opciones como alivios crediticios, nuevos préstamos, reducciones en provisiones bancarias y posibles impuestos a ganancias extraordinarias o tributos similares, evitando así mecanismos obligatorios que han generado controversia.
Estas conversaciones surgen en respuesta a los graves daños causados por las precipitaciones en viviendas, cultivos y sectores productivos de la región norteña, donde el gobierno busca contrarrestar el impacto económico mediante propuestas formales de la banca, incluyendo condonación de intereses, prórrogas de créditos y líneas de reactivación regional. Actualmente, los bancos están obligados a invertir 18,6 billones de pesos en títulos de desarrollo agropecuario (TDA) según la circular del 21 de enero, instrumentos que presentan menor liquidez y un spread negativo en comparación con la deuda nacional, lo que complica su manejo.
Avances del Pacto por el Crédito como alternativa viable
El Pacto por el Crédito 1.0, vigente por 18 meses desde septiembre de 2024 hasta inicios de 2026, ha mostrado avances significativos al 31 de enero, alcanzando el 89 por ciento de su meta con 214 billones de pesos desembolsados, equivalente al 84 por ciento del objetivo total. Sectores como vivienda e infraestructura cumplen al 100 por ciento, mientras que manufactura, agro, turismo y economía popular oscilan entre el 77 y 83 por ciento, posicionándolo como un modelo exitoso frente a las inversiones forzosas vigentes en Colombia desde los años sesenta, que obligan a las entidades a destinar recursos a fines gubernamentales por decreto.
La Superintendencia Financiera evalúa además una circular externa para reducir provisiones bancarias sin necesidad de decreto presidencial, agilizando así el apoyo a la zona afectada. La propuesta definitiva de estas negociaciones deberá estar lista entre el viernes y el lunes siguiente al encuentro, con el fin de consolidar un consenso antes de decisiones en el marco de la emergencia.
“la propuesta definitiva deberá estar lista entre el viernes y el lunes siguiente, y el objetivo es consolidar un planteamiento consensuado con el sector antes de adoptar decisiones en el marco de la emergencia”
César Ferrari, Superintendente Financiero, a Blu Radio
El superintendente Ferrari enfatizó que la inversión forzosa es solo uno de varios instrumentos disponibles y que el proceso es una obra en construcción, aclarando que ciertas alternativas, como impuestos a ganancias extraordinarias, se tratan como asuntos tributarios distintos y se analizan por separado en la propuesta del presidente Petro, que incluye también una posible sobretasa financiera.
“ampliar las inversiones forzosas distorsiona la asignación del ahorro al imponer demanda por decreto, lo que debilita la formación de precios en el mercado de deuda pública”
Hernán Alzate Arias, presidente de la AMV, a La FM
Por su parte, los representantes del sector financiero reiteraron su oposición a las inversiones forzosas, destacando las limitaciones de estos mecanismos, que tardan hasta 18 meses en implementarse, elevan las tasas de interés para todos los departamentos y afectan la fluidez del mercado. Insistieron en la efectividad del Pacto por el Crédito, respaldada con números presentados al ministro Ávila.
“seguimos insistiendo en la inconveniencia de una inversión forzosa. Hoy fue la oportunidad para decirle al ministro y mostrarle con números por qué fue exitoso el pacto por el crédito y cuáles son las limitaciones de un mecanismo como la inversión forzosa”
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, tras el encuentro del 23 de febrero
Estas posturas reflejan un diálogo crucial para equilibrar la urgencia de la emergencia climática con la estabilidad del sistema financiero, donde el gobierno busca herramientas consensuadas que eviten distorsiones en el mercado mientras apoya la recuperación del norte de Colombia.
