En Barranquilla, el juez Séptimo con Funciones de Control de Garantías dejó en libertad al concejal Alexis Castillo, quien fue capturado el martes 25 de febrero de 2026 por el delito de violencia intrafamiliar. La decisión judicial avaló la solicitud de la Fiscalía e impuso medidas de justicia restaurativa, como asistencia psicológica obligatoria y disculpas públicas dirigidas a su expareja, Silvia Aragón Molina, la denunciante en el caso. Estas disposiciones buscan prevenir la repetición de los hechos y garantizar la protección de las víctimas.
La denuncia de Silvia Aragón Molina detalla episodios de violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica ocurridos durante y después de la relación con el concejal. En octubre de 2024, se le otorgó la custodia de los hijos a Aragón Molina mediante un documento autenticado, medida que ha sido objeto de amenazas por parte de Castillo, según la denuncia. En marzo de 2025, la denunciante reportó intentos de conciliación privada y una excusa presentada por el concejal para no asistir a una audiencia en la Comisaría de Familia.
Antecedentes y cuestionamientos del concejal
Alexis Castillo cuestionó su captura a través de redes sociales, alegando que se trató de una citación administrativa por no asistir a una cita para firmar un documento de traslado. El concejal argumentó que presentó una excusa válida y que la acción no estaba relacionada con el caso principal de violencia intrafamiliar.
“En reuniones con los abogados dice que quiere conciliar, que no trasciendan los procesos, que los medios de comunicación no se enteren”
Silvia Aragón Molina, denunciante
“Te voy a quitar la custodia de los niños”
Alexis Castillo, concejal, según denuncia de Aragón Molina
“Hoy a un fiscal de aquí en Barranquilla se le dio por decir que yo tengo que presentarme ante las autoridades. Pero no es por el caso, es porque no le llegué a una cita que él me hizo para firmarle un documento de traslado escrito. Yo digo, hombre, fiscal, se le presentó una excusa”
Alexis Castillo, concejal
Con estas medidas, el juzgado enfatiza la importancia de la terapia psicológica y la reparación pública para evitar nuevos incidentes, en un contexto donde la custodia de los menores ya está legalmente en manos de la madre desde finales de 2024.
