El gobierno del presidente Gustavo Petro activó el Decreto 0174 de 2026, mediante el cual otorga facultades excepcionales a la Agencia Nacional de Tierras para ocupar, adquirir y expropiar predios rurales públicos y privados en todo el país, especialmente en zonas afectadas por la emergencia socioambiental y económica. Esta medida busca acelerar la reubicación de comunidades y actividades agropecuarias, proteger la producción de alimentos y reorganizar el uso del suelo, respondiendo a la necesidad de intervenir terrenos con inconsistencias en registros, deudas o embargos que suelen generar bloqueos legales.
La norma permite a la Agencia Nacional de Tierras tomar posesión temporal de los predios, adquirirlos por vía de negociación o expropiarlos por interés público, aplicándose incluso a baldíos, reservas estatales, bienes públicos o judiciales, así como a predios de fondos como Ffrisco, reparación a víctimas y restitución de tierras. El proceso incluye un saneamiento jurídico automático y el apoyo prioritario de las autoridades de policía, con un plazo máximo de cinco días calendario para responder, junto con la gestión de animales abandonados a través del Instituto Colombiano Agropecuario.
Procedimientos ágiles bajo estado de emergencia
En el marco de la emergencia socioambiental y económica declarada, estos procedimientos se diseñan para ser ágiles, dirigiendo cualquier reclamo de compensación contra los anteriores propietarios, lo que evita demoras en la ejecución de las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y el ordenamiento territorial rural.
Con esta activación, el gobierno avanza en su agenda de reforma agraria y respuesta a crisis, priorizando la intervención rápida en áreas críticas para mitigar impactos ambientales y económicos en las comunidades afectadas a nivel nacional.















