El Juzgado 11 Penal con función de conocimiento de Bogotá confirmó recientemente la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien permanece prófugo desde que salió del país en agosto de 2025, tras la orden inicial emitida a finales de julio del mismo año. Esta decisión se tomó al resolver la apelación presentada por la defensa de Manrique y otros siete exfuncionarios, argumentando riesgos de evasión e interferencia en el proceso penal por presunto desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El caso se enmarca en un escándalo de corrupción que involucra el direccionamiento de contratos y el desvío de recursos destinados a emergencias, como la adquisición de carrotanques, plantas desalinizadoras y pozos. Manrique enfrenta imputaciones por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Entre los contratos cuestionados destaca la modificación de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por cerca de 100.000 millones de pesos, así como otro suscrito en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú por 29.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques pequeños, que registró sobrecostos superiores a los 11.000 millones de pesos.
Acusaciones de sobornos millonarios
Se le atribuyen a Manrique sobornos por 3.000 millones de pesos, entregados en efectivo a través de intermediarios. Otros implicados en la investigación incluyen a Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la Ungrd; Édgar Eduardo Riveros Rey; Sonia Rocío Romero Hernández y Ana María Riveros Barbosa. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, detalló las irregularidades en el caso.
«Entre enero y marzo de 2024, usted obtuvo un provecho ilícito de 3.000 millones de pesos, producto de las coimas solicitadas y derivadas del contrato celebrado por la Ungrd con la Corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques pequeños».
María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Manrique cuenta con una circular roja de Interpol vigente en más de 190 países, junto a una orden de captura internacional, mientras persisten versiones no confirmadas sobre su posible ubicación en Venezuela o zonas fronterizas. Este no es su primer roce con la justicia, pues ya fue condenado a diez años de prisión en 2012 por beneficiar a una empresa con contratos públicos en Bogotá. La ratificación de la medida de aseguramiento refuerza los esfuerzos judiciales para capturarlo y esclarecer el entramado de corrupción en la Ungrd.
